• La propuesta de AMLO ha generado preocupación entre inversionistas, quienes aseguran que debilitaría a uno de los contrapesos del Poder Ejecutivo.
Ciudad de
México.- Jueces y magistrados se unieron el miércoles a trabajadores del
Poder Judicial en un paro indefinido de labores contra una
reforma al sector impulsada por el saliente mandatario, Andrés Manuel López
Obrador, mientras los mercados reaccionaban negativamente a la polémica
iniciativa.
A primera
hora del lunes, miles de trabajadores del Poder Judicial de México iniciaron
una huelga asegurando que la reforma atenta contra sus derechos porque se
eliminaría la carrera judicial para acceder a los cargos de juzgadores y
que abre la posibilidad a que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan
presión efectiva sobre el sistema de justicia.
“Nos
encaminamos hacia una crisis constitucional sin precedentes, una crisis que, de
no ser detenida, dejará cicatrices profundas en nuestro tejido social“,
dijo Juana Fuentes, presidenta del gremio que agrupa a magistrados y jueces, la
madrugada del miércoles.
“Por estas
razones, hemos decidido (…) la suspensión de
labores jurisdiccionales de manera indefinida en todo el país,
a partir de este 21 de agosto (miércoles), como un acto legítimo de resistencia
contra esta reforma y hasta que esta sea desechada”, agregó.
Los
trabajadores acordaron que solamente operarán los casos urgentes en materia
penal donde se deba otorgar libertad y esté en riesgo la vida de las personas.
El punto más
álgido de la iniciativa presentada por López Obrador a principios de año
propone la elección de unos 7,000 ministros, magistrados y jueces por voto
popular. Los ministros de la suprema corte se votarían en junio de 2025.
En un intento
por poner paños fríos a las reacciones negativas, el oficialismo propuso
más de 100 rectificaciones a la reforma. Sin embargo, analistas concuerdan
en que los cambios principales -gradualidad y escalonamiento- no modifican la
esencia de la iniciativa original.
López Obrador
argumenta que es necesaria una transformación al sistema de justicia porque “no
está al servicio del pueblo” y “responde a intereses de la delincuencia
organizada”. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha defendido la
propuesta asegurando que el cambio se requiere para combatir la impunidad.
“Yo respeto
su derecho a manifestarse, son libres”, dijo el miércoles el mandatario,
conocido por su acrónimo AMLO.
“No pasa nada
con su movimiento, no importa, porque ellos no atienden a la población, yo les
diría que, al contrario, si los jueces no están, los ministros, los magistrados
no están en activo, cuando menos no van a sacar a delincuentes de la cárcel”,
agregó en su conferencia de prensa matutina.
Mercados
preocupados
La propuesta
de AMLO ha generado preocupación entre inversionistas,
quienes aseguran que debilitaría a uno de los contrapesos del Poder Ejecutivo,
dañando el clima de negocios en la segunda mayor economía de América Latina,
además de incumplir compromisos del acuerdo comercial de Norteamérica, TMEC.
“El mercado
ha comenzado a reaccionar a la probable aprobación de la reforma al Poder
Judicial que permitiría la elección de ministros, magistrados y jueces por voto
popular, poniendo en riesgo la certeza jurídica para las empresas”, dijo Banco
Base en una nota a clientes.
El miércoles,
el peso MXN= y la bolsa mexicana retrocedían en respuesta a la inminente
aprobación de la reforma judicial.
En la
víspera, el banco de inversión Morgan Stanley redujo su previsión para el
mercado accionario mexicano, en el primer efecto negativo para los mercados
locales por la reforma.
El
oficialista Morena no tendría inconvenientes para aprobar rápidamente la
reforma en ambas cámaras del Congreso, donde tiene una amplia mayoría. Sin
embargo, el árbitro electoral debe confirmar esta semana si el partido de
gobierno tendrá mayoría calificada también en el Senado o se quedará corto.
El martes,
AMLO pidió a los principales millonarios de México -entre ellos, los magnates
Carlos Slim, Germán Larrea y Ricardo Salinas- que opinen sobre la polémica
desatada en torno al riesgo de una sobrerrepresentación de Morena y sus aliados
en el próximo Congreso, que inicia labores en septiembre.
El mandatario
instó a los empresarios a que expresaran su postura de manera directa y no a
través de organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) o el Consejo
Mexicanos de Negocios (CMN) que, en días pasados solicitaron cuidar que la
distribución de los congresistas se apegue a la Constitución.