Estado de México. - Alrededor de 30 personas desaparecen cada día en México, y sus familiares, en su mayoría mujeres, asumen la búsqueda que le corresponde al Estado, mientras enfrentan múltiples riesgos y violencias, según un informe presentado este jueves por Amnistía Internacional (AI).

El reporte ‘Buscar Sin Miedo‘sobre la labor de las mujeres buscadoras en las Américas, particularmente en el contexto de violencia que afrontan en México y Colombia, resalta la obligación fallida de los Estados de buscar a las personas desaparecidas, pero también de proteger a quienes les buscan.

“Son mujeres que están dando la vida, que se están exponiendo a numerosos riesgos porque los Estados no están cumpliendo su labor “, expuso a EFE la directora ejecutiva de AI en México, Edith Olivares, quien encabezó el evento en la víspera del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Madres, hermanas, esposas, hijas, sobrinas, tías, abuelas, encabezan la búsqueda de los más de 116 mil desaparecidos tan solo en México, y 200 mil en Colombia, según cifras oficiales, al mismo tiempo que sufren de criminalización, estigmatización y ataques a su integridad física, como asesinatos, desapariciones y amenazas.

Olivares indicó que en México se ha documentado el asesinato de al menos 10 mujeres buscadoras, así como una desaparición, sin tener la mínima protección del Estado.

“En muchos países, sobre todo en la región de las Américas, es el propio Estado quien desaparece a las personas o participa en las acciones de desaparición”, alertó Olivares.

Entre otros impactos, destacó que existe “un empobrecimiento muy agudo de las mujeres que buscan porque dejan su trabajo remunerado para dedicarse 100 % a la búsqueda”, además de que padecen graves afectaciones a su salud.

“Mujeres que tienen hongos en las manos por el contacto con restos en las fosas, mujeres que sufren desprendimiento de retina de tanto llorar por la búsqueda de su familiar desaparecido “, señaló.

El informe documenta el caso de ‘Hasta encontrarte ‘, un colectivo compuesto en 99 % por mujeres que buscan a sus desaparecidos en el estado de Guanajuato, centro de México.

Bibiana Mendoza, quien busca desde 2018 a su hermano Manuel Ojeda Negrete, recordó que ellas mismas crearon “una brigada de búsqueda de manera independiente, sin ayuda de ninguna institución, de ninguna autoridad”, con la que han encontrado a más de 2018 personas desaparecidas.

“Cada una de esas 218 personas nos ha costado salir a caminar cerros, horas, días, noches, esperar días enteros, madrugadas y dormir esperando a que las autoridades exhumen cada una de esas personas ya sin vida para que puedan ser identificadas”, recapituló.

Esta incansable labor les ha puesto en el foco de grupos criminales que las han atacado, y tan solo en Guanajuato han asesinado a seis mujeres por buscar a un familiar desaparecido, advirtió Mendoza.

“Las autoridades no reconocen que nos están asesinando por nuestra labor de búsqueda, y siguen sin buscar a nuestros familiares desaparecidos “, lamentó la buscadora.

Pero afirmó que el miedo no va a detener su labor, por lo que llamó a las autoridades y a la sociedad en general a protegerlas “para salir a buscar a quienes faltan”.

“Si permitimos que nos sigan asesinando las buscadoras, ¿Quién va a estar aquí para defender que no haya más personas desaparecidas y que todos ustedes que no tienen un familiar desaparecido no pasen lo que nosotras el día de hoy estamos pasando?”, agregó.

Andrea Torres Bautista, representante de la Fundación Nidia Erika Bautista de Colombia, coincidió en que las mujeres que buscan a sus desaparecidos a menudo afrontan estigmatización y abandono del Estado, que obliga a las familias a buscar justicia por su cuenta.

“Yo misma, como abogada, he recibido amenazas por enfoque de género, que me han dicho que como abogada me van a cortar los senos, me van a cortar la lengua”, compartió.

Por ello, la defensora impulsó una ley “que protege los derechos de las mujeres buscadoras, justamente para que no sean violentadas en el marco de la búsqueda y puedan seguir ejerciendo esa función que debería ser del Estado”.