Estado de México. - La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya tiene listo el dictamen que da luz verde a la reforma constitucional que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer organismos autónomos.

Se trata de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

El documento avala los argumentos del presidente AMLO y propone apoyar los cambios propuestos. El documento debe ser discutido en comisiones y luego votado por el Pleno de ambas cámaras, donde debe tener una mayoría calificada.

Morena y aliados prevén avanzar en comisiones esta y otras 15 iniciativas durante agosto, para que en septiembre la nueva conformación del Congreso las vote en el pleno.

¿Qué pasaría con la desaparición de organismos autónomos?

Las obligaciones y actividades de cada organismo pasarían a dependencias del gobierno federal.

El IFT entregaría funciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; el Coneval al Inegi; el INAI a la Secretaría de la Función Pública; la CNH y la CRE a la Secretaría de Energía y el Sistema de Mejora de la Educación a la SEP.

·        ¿Cuál es la argumentación para desaparecer organismos autónomos?

Textualmente, esto dice el dictamen que ya circula:

La modificación estructural que se propone, en los términos que señala el Presidente de la República, parte de la exigencia establecida en el propio marco jurídico nacional que reconoce la supremacía del interés general, público y social, sobre el interés privado, ya que el primero hace posible el ejercicio efectivo de los derechos humanos que implican el disfrute de los bienes comunes de la Nación, como condición indispensable, incluso, para el ejercicio de otros derechos humanos; lo que, a su vez, exige replantear la organización administrativa del Estado Mexicano para hacerla congruente con los principios de racionalidad, austeridad, eficiencia, eficacia, y el derecho a una mejor administración pública.

Lo anterior, en consonancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, en el apartado “El mercado no sustituye al Estado”, en el que se destaca que los gobiernos anteriores redujeron al Estado a un aparato administrativo al servicio de las grandes corporaciones y coercitivo en contra de las mayorías, por lo que hubo dispendio, suntuosidad y frivolidad a expensas del erario, situación que es prioridad erradicar.