Ciudad de México.- Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se registraron 3 mil 408 agresiones contra la prensa, desde el primero de diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2024, incluidos 46 asesinatos y cuatro desapariciones. Esto representa, en promedio, una agresión cada 14 horas y un incremento respecto al anterior sexenio, de 62%, así lo ha documentado la organización Article-19 en Derechos Pendientes, informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México.

Apenas la mañana de este martes, el Gobierno de México reconoció que en los últimos tres años se han registrado 20 asesinatos de periodistas, cifra que coincide con lo reportado por Artículo 19.

Principales agresiones contra periodistas.

El informe de Artículo 19 revela cuáles fueron las agresiones más comunes contra la prensa durante el actual sexenio, que en conjunto representan el 58.51% del total. 

Intimidación y hostigamiento: 25.82%

Amenazas: 20%

Uso ilegítimo del poder público: 12.68%

Otro patrón de los últimos cinco años y medio, que destaca esta organización en su informe, es el acoso judicial, del que se documentaron 158 casos, lo que equivalente a que cada mes se abrieron 2.4 procesos legales contra periodistas y medios de comunicación por sus publicaciones e investigaciones.

Como parte de esas agresiones documentadas por la organización se desplegaron en el país 248 campañas de desprestigio contra la prensa, se documentaron 224 discursos estigmatizantes por medios de comunicación oficiales y se registraron 179 agresiones en las mañaneras.

“El Gobierno federal desplegó, principalmente mediante las llamadas mañaneras, una estrategia de desinformación, que acompañó de la cancelación efectiva de procesos legales de acceso a la información y del ataque a voces críticas a las que identifica como adversarias”, señaló Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, en la presentación del informe. 

En cuanto a los perpetradores de la violencia, el Estado mexicano, por intermedio de sus autoridades -sostuvo Maldonado-, se mantienen como el principal agresor de la prensa, con mil 559 agresiones, equivalente a 45.75% del total. Después de las autoridades están los particulares, como individuos o empresas, que agredieron a la prensa en 673 ocasiones o 19.75% del total. Le siguen integrantes de grupos de la delincuencia organizada con el 8.22 por ciento y finalmente los partidos políticos con el 4.34%. 

“Las violencias contra la prensa son posibles por las redes de complicidad entre autoridades y grupos delincuenciales, por ello es imperativo romper el pacto de impunidad y es urgente frenar el avance paulatino de las llamadas zonas de silencio”, alertó el director de Artículo 19.

Baja acceso a la información

Por otro lado, en el reporte señalaron que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) “se ha mostrado incapaz de hacer investigaciones exhaustivas y diligentes en todos los casos, dejando a la mayoría de los periodistas en situación de vulnerabilidad y sin acceso a la justicia”. Incluso las indagatorias iniciadas por esto se redujeron 28.40%. 

·        Transparencia se desvanece en actual sexenio

En cuanto al derecho de acceso a la información, en el informe -dividido en cinco capítulos- también se registra un incremento en las impugnaciones que recibieron los sujetos obligados por sus respuestas negativas. 

De acuerdo con el informe, en el sexenio del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto los sujetos obligados de la administración pública federal recibieron 42 mil 631 impugnaciones por sus respuestas negativas; mientras que, en el mismo lapso de tiempo, el actual Gobierno recibió 92% impugnaciones más; es decir 82 mil 147. 

“El acceso a la información sufrió francos retrocesos, la mayor expresión de esta contracción fue la parálisis a la que la mayoría parlamentaria en el Senado sometió durante cinco meses al Inai, al omitir el nombramiento de tres personas comisionadas, situación que continúa hasta la fecha”, subrayó Maldonado. 

En este entorno, agregó, no extraña el desdén de las autoridades federales hacia sus obligaciones generales de transparencia y la falta de garantías del derecho de acceso a la información para las poblaciones en situación histórica de desigualdad y marginación.

El director de Artículo 19 explicó que analizaron, por ejemplo, el caso del programa Sembrando Vida y encontraron que no se ha divulgado información amplia en diversos aspectos del programa, como el presupuesto y la entrega de recursos. También destacó que en el caso de desastres naturales o cambio climático la información no se da o fluye a cuentagotas. 

·        Sin verdad para las víctimas

Otro de los temas que aborda el informe es el derecho a la verdad para víctimas de atrocidades del pasado y del presente. Maldonado aseguró sobre esto que pese a las promesas del presidente, la voluntad política para dar este acceso se ha ido diluyendo “como puede verse con el desmantelamiento del Sistema Nacional de Búsqueda, la imposición del actual titular de la Comisión Nacional de búsqueda y la falta de registros confiables para conocer la crisis forense en el país, así como la estrategia actual de manipulación y reducción de las cifras de personas desaparecidas”. 

·        Artículo 19 acusa que sigue el espionaje

Adicional a eso, destacó el director de Artículo 19, “también se documentó el asesinato de al menos 16 personas buscadoras y la desaparición de una más. Se evidenció el ocultamiento de información a los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a quienes se les han negado los archivos de inteligencia militar sobre la desaparición forzada de sus hijos”. 

En esta misma línea, prosiguió, “se desmantelaron el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Centro Nacional de Identificación Humana y no pasamos por alto la intentona de rasurar las cifras de personas desaparecidas que para abril de 2024 ya sumaban 116 mil, de las que el 40 por ciento ocurrieron durante este sexenio”. 

Maldonado también recordó que durante este gobierno se siguió espiando a periodistas y defensores de derechos humanos, con el software Pegasus, y puntualizó que se debilitaron instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no se dotó al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de un presupuesto suficiente.