San José del Cabo, Baja California Sur. En este periodo de receso del Congreso de la Unión se empieza el análisis a la reforma del Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador; desde Baja California Sur (BCS), el diputado Luis Armando Díaz considera que la reforma puede ser un avance para la procuración de justicia en la entidad.

En reciente entrevista, LAD, comentó que luego de revisar con grupos locales la reforma, observa que el espíritu de la reforma es la profesionalización de la carrera judicial y la legitimación de quienes van a ser responsables de la impartición de justicia a nivel federal, que actualmente sido muy cuestionada y cuestionable por la actuación de algunas personalidades en el poder.

"Lo que pretende rescatar la iniciativa del poder judicial es precisamente la legitimidad y buscar la estructura que mejore la impartición de justicia en el país y que les cueste menos a los mexicanos la impartición de justicia... un poder judicial más transparente en donde se pueda tener mayor accesibilidad a la justicia pronta y expedita" preecisó.

Al tiempo, se busca reducir los tiempos de los procesos que se realizan para garantizar la justicia a la ciudadanía, que en muchas ocasiones debido a que los procesos toman años, se pueden dar caso de corrupción.

Asegura Díaz que las encuestas realizadas muestran que un 80% de la población concuerda en que es necesario realizar una reforma a todo el sistema.

No obstante, cabe recalcar que entre los puntos más polémicos de esta reforma, se encuentra que magistrados, jueces y ministros sean elegidos por votación directa.

El legislador comentó que seguirá llevando la propuesta a los sectores organizados y a la misma población, así como a las asambleas territoriales a petición de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

Díaz se dijo convencido de que esta reforma puede impulsar el avance en la procuración de justicia de la entidad, al evaluar un cambio de Procuraduría a Fiscalía general, como un órgano público autónomo del Estado.

"Las fiscalías dependen del poder ejecutivo y hay una división de poderes, una cosa es la procuración de justicia y otra la administración y la impartición. la representación social recae en los ministerios públicos y si hay elementos en una carpeta de investigación ya se va a otro poder que es el judicial...en el caso de Baja California Sur hay una procuraduría, todavía no transiciona a una fiscalía y es un tema que se pueda revisar" agregó el legislador.

Será en septiembre que esta reforma podría votarse y de ser aprobada en el 2025 el INE se encargará de realizar una consulta pública por el mismo tema.