• La mexicana se convertirá en la primera mujer en presidir el organismo desde su creación en 1989.
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Estado de
México. - El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),
organismo internacional dedicado a combatir el lavado de dinero y a la
vigilancia y seguridad financiera, tendrá como presidenta a la mexicana Elisa de Anda Madrazo a
partir de este lunes y durante los próximos dos años.
El Gobierno
de México anunció este lunes mediante un comunicado la asunción del cargo por
parte de Madrazo, quien se convertirá en la primera mujer en presidir el organismo desde
su creación en 1989.
“Con esta
posición, México busca seguir contribuyendo, desde el ámbito multilateral, a la
seguridad de las naciones y sus economías; así como a la integridad del sistema
financiero internacional, en línea con el mandato del GAFI”, reza el anuncio
publicado conjuntamente por las secretarías de Hacienda y Exteriores.
Entre las
prioridades de la nueva funcionaria durante el próximo bienio destacan la reducción del uso de dinero en efectivo,
garantizar la entrega de informes de calidad y mejorar la cohesión de la red
global del GAFI.
Otra tarea
primordial será la instrumentación efectiva de los estándares del organismo en
tres áreas clave: identificación de los verdaderos propietarios de entidades
legales, evitar la financiación del terrorismo mediante
activos virtuales, y fortalecer la capacidad de las autoridades nacionales para
congelar y recuperar activos.
Prevenir y
combatir el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva es
la última de las directrices adoptadas por el GAFI en un pleno sostenido en
Singapur el pasado 28 de junio.
Antes de su
nombramiento, De Anda Madrazo se desempeñó en varios cargos en la organización,
como vicepresidenta, jefa de la delegación mexicana, copresidenta del Grupo de
Coordinación y Red Global, copresidenta del Grupo de Contacto sobre Membresía
de Malasia y miembro del Grupo Directivo.
GAFI es
un organismo internacional dedicado a establecer estándares internacionales,
promover y evaluar la implementación de medidas legales, regulatorias y
operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo,
la proliferación de armas de
destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema
financiero internacional.