Inicio esta columna comentando a Usted; absolutamente todos los partidos políticos deben aplicarse para propiciar una “Nueva cultura de confianza en la sociedad, el compromiso una vez más reiterado de lucha en contra la corrupción de todos aquellos militantes que funjan como funcionarios públicos y legisladores. La deshonestidad de algunos militantes de las organizaciones políticas y la falta de aplicación de sus estatutos ha sido un factor fundamental para el deterioro de la imagen del partido.

Por ello, es imperante reprobar hechos y conductas que lastimen la imagen y credibilidad del partido, razón por la cual hoy se tendrá que exigir el cumplimiento cabal de sus encomiendas, a los representantes populares y servidores públicos electos y designados, actualmente el pueblo se manifiesta porque su desempeño sea de calidad, eficiencia y vocación de servicio, pues la improvisación, el oportunismo político, las decisiones para beneficio personal o de grupo, no deben, ni pueden estar por encima ni de los intereses populares, ni de los principios y valores que les han conferido los partidos políticos. En este sentido los servidores públicos emanados de los partidos políticos deben dar ejemplo de honorabilidad en el ejercicio de las funciones y solvencia moral en su desempeño.

Pasando a otro tema: Considero que lo fundamental es recuperar la credibilidad de la sociedad mexicana en la función jurisdiccional. Por ello las autoridades tendrán que alertar y modificar acciones sustantivas de manera que las instancias, más que incrementar competencias, puedan cumplir eficaz, honesta y eficientemente las tareas que se les han confiado y rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. En ese sentido deben estar encaminadas las propuestas de reforma del Poder Judicial.

Actualmente es necesario que los jueces y magistrados cuenten con suficientes medios legales, los recursos técnicos y los elementos materiales para que su función se manifieste con alta dignidad de quienes aplican la ley con el fin de preservar el imperio del Derecho y evitar la corrupción en todas sus vertientes, tienen que llevar en mente que deben atenderse igualmente los reclamos de la justicia, en los ámbitos laboral, agrario, administrativo, civil, mercantil, familiar y ambiental.

En este sentido: los órganos que imparten justicia en el ámbito federal se ubican fundamentalmente en el poder judicial de la federación, conformado para el ejercicio de la función jurisdiccional por los juzgados de Distrito, los tribunales unitarios y colegiados de circuito, el tribunal electoral y la suprema corte de justicia de la Nación. Y en la esfera administrativa, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como el Tribunal Agrario. En el ámbito estatal destacan los tribunales de justicia. En cumplimiento del mandato constitucional, dichos órganos están obligados a impartir justicia de manera, completa e imparcial. Esos son los criterios indeclinables que rigen su actuación.

Concluyo: Cada acto del ejercicio del poder debe ser respeto de la Norma Jurídica, y debe ser realizado dentro del Estado de Derecho, que se finca en el reconocimiento de un orden jurídico que es producto de la voluntad general, y sustento de la legitimidad del propio poder público. Garantizar a todos seguridad y certeza legal, la aplicación expedita de la Ley, el funcionamiento de un poder judicial autónomo, imparcial, honesto y eficientes deben ser pilares del Estado de Derecho.