La Paz, Baja California Sur. - Quedó integrado e instalado el Comité Técnico Asesor de la Consulta a Pueblos y las Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la cual se deberá de llevar a cabo para que el proceso legislativo concluya con la entrada en vigencia de la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas de BCS.

La diputada Eufrocina López Velasco presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas y Afromexicanos de la XVI Legislatura del Congreso de BCS encabezó la mesa de trabajo con asociaciones civiles, consejos indígenas municipales, autoridades electas como regidores y diputados, representantes del sector, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral, SEP y asesores jurídicos, entre otros para formalizar los trabajos del comité técnico.

La legisladora expresó que hoy es el tiempo de sumar a todos los representantes para que la ley tenga vigencia en Baja California Sur y que este sector de la población sea visible y con mayor reconocimiento a sus derechos.

Aunque el comité quedó integrado con las representaciones asistentes, invitó a los representantes de asociaciones y comunidades a sumarse al comité.

Cabe recordar que la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de BCS fue aprobada por la XV Legislatura (junio de 2019) y fue vetada por el entonces Gobierno del Estado; la nueva administración del Poder Ejecutivo publicó la ley el 17 de agosto 2022, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución en contra de dicha ley y su artículo 102, promovida por la CNDH, por considerar que la emisión de la ley no cubrió los estándares establecidos en materia de consultas previa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, como la falta de intérpretes de lenguas indígenas.

La SCJN vinculó al Congreso del Estado de BCS para que dentro de los 12 meses siguientes a la notificación (24 de enero de 2025), lleve a cabo la consulta a pueblos y las comunidades Indígenas y afromexicanas, subsanando las faltas y en apego a diversos parámetros fijados en la resolución y posteriormente emita la regulación correspondiente.

La consulta a desarrollar contempla las fases de precolsulta, informativa, de deliberación interna, de diálogo y de decisión.

Los resultados de la consulta serán comunicados a la SCJN para que inicie la vigencia de la ley.