La Paz, Baja California Sur.- La diputada Eufrosina López Velasco anunció que establecerán mesas de trabajo para abordar las inconsistencias señaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Ley de Derechos de las personas, pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas de Baja California Sur.

La legisladora destacó que la primera sesión de estas mesas de trabajo se realizó con el objetivo de rectificar el proceso legislativo que, según la SCJN, no cumplió con los estándares legales necesarios, y subrayó que el fallo de la SCJN se basó en la ausencia de intérpretes indígenas y otras inconsistencias en el procedimiento.

"Esta mañana llevamos nuestra primera mesa de trabajo para formar nuestra mesa de trabajo que dará seguimiento a la Ley de Derechos de las personas, pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Baja California Sur, que está parada por la Suprema Corte de Justicia, porque supuestamente no se llevó el procedimiento conforme a derecho".

De acuerdo con López Velasco, la corte invalidó la ley el pasado 23 de enero de 2024, determinando que el Congreso del Estado no realizó la consulta previa necesaria a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, conforme a los estándares constitucionales y convencionales establecidos.

Asimismo, enfatizó la importancia de incorporar a miembros de diferentes etnias y lenguas del estado para que participen en el proceso de consulta, cumpliendo así con las exigencias de la Suprema Corte.

"Ahora sí va a haber intérpretes indígenas para que nos apoyen a darle continuidad a esta ley".

Antecedentes.

La SCJN invalidó el Decreto 2620, publicado el 17 de agosto de 2022, que expedía la citada ley, por afectar directamente los intereses de las comunidades indígenas y afromexicanas, y que según la Corte, existía la obligación de realizar una consulta previa de acuerdo con los artículos 2° de la Constitución Federal y 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

·        Plazo y obligaciones

Por lo anterior, establecieron que la invalidez surtirá efecto a los 12 meses de notificada la sentencia al Congreso local, y vinculó al órgano legislativo para llevar a cabo la consulta dentro de ese mismo periodo.

"No tenemos una ley actualizada. La ley que tenemos está inhabilitada, pero con el trabajo que vamos a llevar a cabo, vamos a sustentar y respaldar los requisitos que la Suprema Corte nos está pidiendo", concluyó.