La Paz, Baja California Sur.- En respuesta a las expresiones de la dirigencia del Frente Nacional por la Familia (FNF) en Baja California Sur (BCS), en las que criticaron la reciente reforma a la Ley de Infancias Trans aprobada por el Congreso del Estado, Charlene Ramos Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), advirtió que aunque la libertad de expresión es un derecho fundamental, también tiene límites que deben respetarse.

Subrayó que todos los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, tienen límites, especialmente cuando estas expresiones incitan al odio; además, recordó que las autoridades tienen la obligación de regular y legislar para todas las personas, asegurando que la democracia también tiene sus límites y en caso de inconformidad, se pueden presentar las impugnaciones legales en contra de las leyes aprobadas.

“Cuando esta libertad de expresión se excede y empieza a incitar al odio hacia un sector de la población, evidentemente traspasa lo que implica el derecho a la libertad de expresión y empieza un ejercicio violento […] existe la posibilidad jurídica de que se presenten las impugnaciones correspondientes, conforme los procesos, y en dado caso, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y los sistemas judiciales pueden revisar esta nueva legislación”.

La presidenta mencionó que aunque no han recibido quejas o registros formales de incitaciones al odio en su periodo, están preparados para acompañar cualquier situación de este tipo.

“No tenemos conocimiento como tal de registros y/o quejas en esta parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en mi periodo de presidencia. Si hubiera alguna situación de esa naturaleza, por supuesto, hubiéramos hecho el acompañamiento correspondiente”.

·        Antecedentes de la Reforma

Ramos Hernández recordó que la reforma a la Ley de Infancias Trans se derivó de una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual señalaba que el Código Civil anterior discriminaba a menores de edad al impedirles cambiar su documentación para reflejar su identidad de género. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había determinado que esta legislación violaba derechos humanos, por lo que ordenó al Poder Legislativo realizar las correcciones necesarias.

“Recordemos que el procedimiento anterior deviene de la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que señalaba que el Código Civil solo permitía a mayores de edad cambiar su documentación para reflejar su identidad de género. La Corte determinó que esta legislación era violatoria de derechos humanos y ordenó al Poder Legislativo realizar las correcciones necesarias para eliminar esa discriminación”.