La Paz, Baja California Sur.- El gobernador de Baja California Sur (BCS), Víctor Manuel Castro Cosío manifestó su postura a favor de la reciente aprobación de la Ley de Revocación de Mandato en el Congreso del Estado, con el cual, “se entrega a los sudcalifornianos un instrumento legal que permite remover a los titulares del Poder Ejecutivo” durante la primera mitad de su gobierno.

“Yo me atengo a lo que diga el pueblo: el pueblo me puso ahí, si el pueblo considera que no debo de seguir, punto. No me voy a aferrar ni al poder ni al dinero”, declara Castro Cosío, enfatizando su disposición a someterse a la voluntad popular.

El mandatario aseguró que, aunque la citada aprobación legislativa fue propuesta por un diputado de oposición, no toma la acción como una venganza política ni a manera personal, por lo que reconoció el hecho y sostuvo que la bancada de MORENA “siempre ha apoyado la Revocación de Mandato como un principio democrático”.

“La ciudadanía debe tener la posibilidad de quitar del cargo a un gobernante cuando falla. Yo he insistido: si la revocación de mandato se determina para el próximo año o cuando sea, yo me someteré a ello […] la verdad, yo nunca le he tenido apego al poder así por el poder, claro que me gustaría no salir así, preferiría darle las gracias al pueblo de Baja California Sur”.

En su discurso, Castro Cosío también convocó a la población para que se denuncie cualquier acto que se presuma corrupción, presentando las pruebas para que la administración estatal actúe en concordancia con el plan estatal para el combate hacia las malas prácticas gubernamentales.

Cabe destacar que una revocatoria de mandato, revocación de mandato, referéndum revocatorio o elecciones revocatorias es un procedimiento legal mediante el cual los votantes pueden determinar la permanencia o no de una persona en un cargo electo por voto popular, ya sea por votación directa, recolección de firmas o una combinación de ambas.

A través de este procedimiento los ciudadanos mandantes pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a una autoridad electa, como en este caso como el gobernador de la entidad. Es un mecanismo de interrupción o término anticipado del mandato establecido bajo elección popular, siempre y cuando se cumplan con los requisitos referidos.