• El titular de la Comisión de Transporte en el Congreso del Estado confirmó que a la decimosexta legislatura no le dio el tiempo para hacer las adecuaciones a la Ley vigente, por lo cual, los legisladores entrantes deberán revisarla para incluir la regulación de las plataformas digitales.
La Paz,
Baja California Sur.- En el marco de la actualización de la Ley de Movilidad y
Seguridad Vial para Baja California Sur, el diputado local, Juan Pérez
Cayetano, declaró que la regulación de aplicaciones digitales de transporte
público quedaría en manos de la siguiente legislatura, debido a los retos a los
que se enfrentaron.
El
legislador expuso que, actualmente, la ley no contempla la regulación
operativa, en cuanto a los permisos y procedimientos que les permitan su libre
funcionamiento a plataformas de transporte privado vigentes como Uber, Didi e
inDriver, a pesar de su uso extendido por cientos de usuarios en la entidad.
"El
tema de los Uber quedó en un acuerdo con ellos. Creo que será la siguiente
legislatura quien decida. La cuestión que comentábamos era cómo podemos
administrar, cómo podemos registrar, por el tema de seguridad hacia un vehículo
que lleva a otra persona y llevar un registro, un control de los vehículos que
están operando en el estado como plataformas".
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Ley
de Movilidad sin regulación
El también
presidente de la Comisión de Transporte del Congreso del Estado, explicó que la
Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que entró en vigor el 1 de enero de 2024, no
aborda en lo absoluto la regulación de las citadas plataformas, e indicó que
esa Ley se centra, principalmente, en otros aspectos importantes, como la
movilidad y seguridad vial en la ciudad, lo que deja fuera las concesiones,
permisos y regulaciones específicas para estas aplicaciones.
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Problemas
en con taxistas
Además,
Pérez Cayetano recordó que las modificaciones recientes a la Ley de transporte
se realizaron debido a los problemas que se presentaron en el municipio de Los
Cabos, en donde un grupo de compañías transportadoras propició un conflicto que
se esclarecía en el documento vigente.
"Es
un tema más bien de la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado, que
tenía un conflicto interno tanto con transportadoras como con los taxistas,
pero no era una modificación que se le tenía que hacer a la ley para llevar un
control interno".
Por lo
anterior, expuso que la nueva ley, que cuenta con 73 artículos y 11
transitorios, aún está en proceso de implementación por parte del Gobierno del
Estado y los Ayuntamientos, quienes están evaluando los recursos necesarios
para su aplicación efectiva.