• La primera edil detalló que, con el descubrimiento de la red de corrupción en el Ayuntamiento de La Paz se encontró la participación de ex servidores públicos; se estima una desviación de recursos que podría oscilar entre los 40 hasta los 120 millones de pesos.
La Paz,
Baja California Sur.- Luego de que la Fiscalía Estatal Anticorrupción informara
de la vinculación a proceso de tres personas, incluido el ex director de la
Dirección de Comercio de la actual administración municipal por el delito de
cohecho, es decir la venta de licencias falsas, la alcaldesa de La Paz, Milena
Paola Quiroga Romero, reveló que, derivado de la red de corrupción detectada al
interior del Ayuntamiento, se encontraron más de 800 licencias de alcohol
apócrifas, que involucra a ex servidores públicos del ayuntamiento, lo que
generó una pérdida económica que podría oscilar entre los 40 hasta los 120
millones de pesos, aproximadamente.
Según
explicó, los involucrados cobraban entre 50 mil y 150 mil pesos por cada
licencia falsa, haciendo uso de sellos presuntamente apócrifos para hacerlas
“parecer legítimas”.
“Se
encontraron las cuentas bancarias, incluso se detectó quiénes eran los que
estaban involucrados, porque la red así operaba; llegaba alguien; se ofrecían;
algunos eran parte de la administración y otros no; y se presentaban
identificándose como parte de la administración”.
Quiroga
Romero expuso que las citadas licencias se descubrieron cuando se realizaba una
auditoría de revisión de documentos, en los que se detectaron irregularidades
en los sellos; además, detalló, por dichos hallazgos se presentaron las
denuncias correspondientes en la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE); no obstante, la carpeta se encuentra en manos la Fiscalía Especializada
en el Combate a la Corrupción.
“Con
sellos falsos, pedían el depósito a alguna cuenta y luego se entregaban estas
licencias y cuando se revisaban, eran ilegales, no tenían sellos […] ahí fue
donde me di cuenta, porque tenía mi firma un documento. Yo estoy en contra de
la corrupción, pero ahí fue donde nos dimos cuenta porque tenían una manera de
operar en donde buscaban involucrar a los funcionarios bajo este esquema en el
que estaban operando, seguramente no eran los únicos”.
Conforme
se detecten más irregularidades a partir de la investigación que se encuentra
en proceso, sostuvo la primera edil, se presentarán nuevas carpetas de denuncia
para continuar con el combate contra la corrupción.
Por
último, comentó que, para prevenir futuros delitos semejantes, continuará
operando la campaña en contra de las acciones irregulares al interior de la administración
municipal, haciendo énfasis en la detención de las redes que se encuentren
operando y usurpando funciones e identidades que no correspondan.
Cabe destacar
que el Código Penal de Estado de Baja California Sur contempla hasta 6 años de
prisión al que cometa el delito de cohecho, es decir, todo funcionario que
solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier
beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio
de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.