Estado de México. - Un total de 727 personas, incluidos diversos funcionarios públicos, presentaron una demanda en contra de las reformas que crearon el Fondo de Pensiones del Bienestar y permiten financiar las jubilaciones con las cuentas inactivas de las Afores.

El amparo fue presentada este jueves por el despacho de abogados Trusan & Roma ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) del Poder Judicial, acompañada de la firma de 727 personas que pertenecen tanto al sector privado como el público, incluidos funcionarios de diversas dependencias del gobierno federal.

La demanda considera “inconstitucional” las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que entraron en vigor el 1 de mayo y crean un fondo para financiar la jubilación de los trabajadores con el 100% de su salario.

Los primeros recursos de los que se allegará el nuevo fondo de pensiones serán transferidos desde las 10 administradoras de fondos para el retiro (afores) que operan en el país, un monto que asciende a los 40 mil millones de pesos.

Este dinero provendrá de cuentas inactivas de trabajadores mexicanos que se retiraron de la formalidad después de los 70 años en el sector privado y 75 años en el sector público y que no se han retirado.

Sin embargo, el amparo presentado este jueves alega que las reformas a las leyes de pensiones “afecta la forma” en que los demandantes “decidieron que iban a manejarse en lo futuro sus recursos en las diferentes administradoras”, explicó el abogado Rodolfo Martínez, que acudió en nombre del despacho a presentar el amparo.

Por medio de un video, grabado al frente del CJF, Martínez sostuvo que los cambios aprobados por las Cámaras de Senadores y Diputados son “inconstitucionales”, argumentando que es “retroactiva” y “vulnera el principio de seguridad jurídica”

El representante legal también adelantó que, en las próximas semanas, “cientos” de trabajadores de diversas dependencias federales presentarán sus propias demandas de amparo “para que sus ahorros no se vean afectados”.

Entre ellos, se encuentran empleados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional Electoral (INE), entre otras.

A estos amparos se sumarán a los recursos legales que interpondrán los partidos de oposición, quienes han adelantado que presentará acciones de inconstitucionalidad contra esta normativa por considerar que existe una vulneración a los derechos de los trabajadores con las denominadas cuentas inactivas.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha detallado que estas cuentas son por montos de entre 300 y 400 pesos y ha adelantado que aportará 60 mil millones de pesos más al polémico fondo.

En total, Hacienda proyectó que el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar costará al Gobierno de México unos 130 mil millones de pesos tan solo en la próxima década.