Estado de México. - Con el Fondo de Pensiones para el Bienestar se busca obtener un financiamiento de 130,000 millones de pesos para los próximos 10 años, con el objetivo de generar recursos para las personas que se pensionarán tras las reformas de 1997 y 2007, según Hacienda.

El subsecretario Gabriel Yorio recordó que con ese fideicomiso se busca compensar con hasta 16,777.78 pesos a las personas que cotizan en el IMSS bajo la reforma de 1997, y en el ISSSTE bajo la reforma de 2007.

“El análisis presupuestal de cómo se va a fondear este esquema de compensación lo vamos a presentar una vez que hagamos a la legislación secundaria, y lo que ha pedido el presidente (de la República, Andrés Manuel López Obrador) es que prefondemos la mitad de este fondo para los próximos 10 años”, señaló en conferencia de prensa sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al primer trimestre de 2024.

“El costo que se prevé para los próximos 10 años acumulado es de cerca de 130 mil millones (de pesos) y nosotros estaríamos buscando prefondear la mitad, cerca de 60 mil millones de pesos. La mezcla con la que se van a prefondear los 60,000 millones de pesos, mucho va a tener que ver con la venta de algunos activos del gobierno federal, algunos ahorros presupuestales en algunas líneas que todavía estamos identificando y parte importante implica usar temporalmente la liquidez de cuentas inactivas que están en las Afores”, dijo Gabriel Yorio.

Explicó que las cuentas inactivas son aquellas que tienen más de 10 años sin haberse reclamado, situación que está prevista en la ley.

“El espíritu de esta reforma nunca ha sido tomar los activos de los trabajadores, eso no es lo que se va a buscar. Estas cuentas son reclamables, si después de 10 años alguna persona quisiera reclamar esa cuenta, el gobierno lo pagaría y lo reembolsaría”, apuntó.

El subsecretario indicó que tuvo una reunión con la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) para comentar diversos temas, entre ellos, la disposición de los recursos en cuentas inactivas, cuyo proceso para hacerlo aún está por definirse, así como el mecanismo para la devolución de los recursos si es que son reclamados.