La presidenta indicó que las negociaciones son obstaculizadas por la exigencia de compensaciones económicas “fuertes” y sin fundamento legal, por parte de los ex empleados de la dependencia.
La Paz, Baja California Sur.- Tras más de tres meses de tensión desde que inició el conflicto entre los ex trabajadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur (BCS) y la presidenta, Charlene Ramos Hernández, aún no se ha logrado alcanzar una conciliación que permita el retorno del personal a las instalaciones de la sede.
Ramos Hernández señaló mediante entrevista con Diario El Independiente que, durante las negociaciones, los ex empleados que mantienen tomadas las instalaciones han solicitado "cientos de miles de pesos por persona" como condición para liberar los edificios. Esta exigencia, según la presidenta, carece de fundamento legal, y considera que obstaculiza el proceso de negociación.
“Ha realizado los procedimientos legales correspondientes, los cuales, están avanzando y por supuesto, seguimos insistiendo en eso. Se han hecho todas las mesas de diálogo y negociaciones con el centro laboral para generar todos estos espacios de conciliación; como saben, esos primeros acercamientos los solicité como presidenta y las personas que tienen tomadas las instalaciones se negaron a asistir; después tuvimos otra ronda de reuniones que solicitaron y no se pudo llegar a una conciliación” indicó.
Ramos Hernández expuso que la situación afecta gravemente las operaciones de la CEDH, impidiendo el cumplimiento de sus obligaciones institucionales, como la presentación de la cuenta pública.
Además, indicó, el 75% de las quejas pendientes de investigación se encuentran dentro de las instalaciones tomadas ilegalmente, lo que ha privado a los ciudadanos de la posibilidad de ver sus casos atendidos.
“Hemos tenido que realizar las acciones y los procedimientos legales conducentes con el objetivo de deslindar las responsabilidades correspondientes. Sabemos que tenemos compromisos institucionales fuertes. En este mes se tiene que presentar la cuenta pública, y la situación de la toma ilegal de las instalaciones previene la posibilidad de la Comisión para cumplir con estas obligaciones de manera normal” precisó a este matutino.
El prolongado conflicto entre la CEDH y sus ex trabajadores, mencionó la servidora pública, genera una preocupación en la sociedad que busca a la dependencia para resolver los casos de violación en sus derechos, y manifestó que es importante que se llegue a un acuerdo y una solución rápida y justa para evitar que más personas se vean afectadas por los retrasos que el conflicto produce.