• La presidencia del partido demanda acciones concretas al Instituto Estatal Electoral y al gobierno estatal para proteger a los candidatos.
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La Paz,
Baja California Sur.- El instituto político Fuerza por México (FxM) se
convierte en el primer partido político en Baja California Sur (BCS) en
demandar medidas concretas para proteger a sus candidatos, luego del reciente
secuestro de Rogelio Núñez, coordinador y asesor de campaña de la candidata
Yusahara Dahiren Álvarez Manríquez por este partido.
El
secuestro de Núñez desató una rápida movilización de unidades de seguridad y
emergencia tras ser reportado al número de emergencia 911 el pasado viernes 19
de abril y que, horas más tarde, fue encontrado con vida y trasladado al
Hospital Juan María de Salvatierra para recibir atención médica.
En una
conferencia de prensa, Lorena Marbella González Díaz, líder de Fuerza por
México en Baja California Sur y diputada del partido, hizo un llamado al
Instituto Estatal Electoral (IEE) para que implemente un protocolo de seguridad
efectivo.
“No deja
de ser un hecho lamentable para Baja California Sur, no deja de ser violencia,
no deja de ser algo que no debemos permitir, aunque haya sido un atentado en
contra de la democracia de las elecciones del 2023, aunque haya sido algo
personal, aunque haya sido una equivocación, eso nos vulnera y nos debe enojar
a toda la ciudadanía, porque no es posible que por situaciones políticas,
personales o de equivocaciones, o el motivo que digan, se desvirtúe lo sucedido
por tratar de justificar un acto realizado” González Díaz.
La líder
del partido también exigió al Gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro
Cosío, garantizar la seguridad de todos los participantes, candidatos y
autoridades involucradas en el proceso electoral 2023-2024.
Asimismo,
hizo un llamado al Procurador de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa, para
que asegure que este incidente no quede impune y mantenga a la sociedad
informada sobre el progreso de la investigación.
Este
incidente se suma a las cifras de violencia electoral que se presentan a nivel
nacional, con 157 agresiones registradas hacia aspirantes a cargos de elección
popular y personal operativo de las campañas de los candidatos, hasta
principios de abril.