• La cancillería de Ecuador aseguró que la resolución del Consejo de la OEA reconoce las posiciones de ambas naciones.
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Estado de
México. - El Gobierno de Ecuador rechazó este
miércoles la amplia condena de la Organización de Estados Americanos (OEA) a su
asalto a la embajada de México en Quito para detener Jorge Glas,
exvicepresidente durante el mandato de Rafael Correa, pero declaró su apertura
a para reconstruir las relaciones de confianza con el Ejecutivo mexicano.
En
un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador recogió la
votación de condena en el seno del Consejo Permanente de la Organización de
Estados Americanos (OEA) a la irrupción a la fuerza en la sede diplomática el
pasado viernes, pero aseguró que ese fallo reconoce las posiciones de los dos
países.
Ecuador,
que fue el único país que votó en contra de la resolución, acusó a México de
una presunta “concesión ilícita de asilo diplomático” a Glas por estar
procesado por la Justicia por delitos comunes y tener dos sentencias de cárcel
pendientes de cumplir por casos de corrupción.
Según
la Cancillería ecuatoriana, su país también planteó ante la OEA sobre el
supuesto “mal uso de sedes diplomáticas” y la “injerencia en asuntos internos”
por parte del Gobierno mexicano, “acciones que mermaron la buena fe y la
confianza en las relaciones diplomáticas con ese país”.
Los
Estados miembros de la OEA aprobaron este miércoles una resolución con “29
votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la cual considera y reconoce las
posiciones, tanto de Ecuador, como de México”, aseguró la oficina de Exteriores
del Gobierno ecuatoriano.
La
Cancillería añadió que Ecuador se opuso a la condena “por las supuestas
violaciones cometidas” y al hecho de que no se haya hecho lo mismo con México
“que también cometió una serie de violaciones al derecho internacional”.
Además
de reafirmar “la obligación de los Estados de velar por el respeto de los
privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas”, la resolución señala
que los Estados “también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos
internos” del Estado receptor.
Asimismo,
que “los locales de la misión diplomática no deben ser utilizados de manera
incompatible con las funciones de la misión, tal como están enunciadas en la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en otras normas del derecho
internacional general”.
“Ecuador
es un país que ha promovido, promueve y promoverá la paz, la integración
Latinoamérica y las relaciones diplomáticas basadas en la defensa de la
soberanía y la independencia del Estado, el respeto al principio de no
intervención y la actuación de buena fe en las relaciones entre Estados”,
remarcó la Cancillería en Quito.
Ecuador
abierto a reconstruir confianza
En este
sentido, enfatizó que “el Gobierno de la República del Ecuador reitera la
apertura para reconstruir las relaciones de confianza con México, mediante un
diálogo constructivo”.
Horas
antes, la ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld,
calificó de “justa” la resolución de la OEA al recoger la posición de ambos
países, si bien solo condena lo actuado por el Estado ecuatoriano.
“Es
una resolución justa, donde se ve el incumplimiento del uso de las sedes
diplomáticas también, así que vamos adelante como Ecuador, vamos a hacer
respetar también nuestra versión de los hechos”, dijo Sommerfeld, tras
comparecer en la comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional
(Parlamento).
Glas,
que recibió el asilo de México horas antes de que el presidente de Ecuador,
Daniel Noboa, ordenara el asalto policial a la sede diplomática para detenerlo,
tiene aún pendiente acabar de cumplir una condena de 8 años por otros dos casos
de corrupción, por los cuales estuvo ya casi cinco años en prisión.
Ecuador,
que solicitó semanas atrás a México permiso para ingresar en la embajada a
detener a Glas, rechazó que la concesión de asilo al exvicepresidente cuando
está procesado judicialmente.
Glas,
que siempre ha negado los cargos en su contra, se declaró perseguido político y
víctima de lawfare (utilización
del aparato judicial contra adversarios políticos), una circunstancia que el
Gobierno ecuatoriano ha negado enfáticamente al defender la independencia de su
sistema judicial.