La Paz, Baja California Sur. - Las diputadas Hilcia González Márquez y Eufrocina López Velasco denunciaron diferentes hechos que constituyen violaciones a los derechos laborales y humanos de la empresa en contra de jornaleros agrícolas del Valle de Vizcaíno.

En la tribuna del Congreso de Baja California Sur, las representantes de la población indígena y afromexicana revelaron que el pasado sábado 20 de abril, más de 269 jornaleros agrícolas del Rancho “El Piloto” de la empresa Baja Best ubicado en Villa Alberto Alvarado (Valle de Vizcaíno), en el municipio de Mulegé, tomaron las oficinas administrativas de la empresa, luego de varios meses sin recibir sus salarios y de la falta de pago de aguinaldos de 2023, “cansados, llenos de impotencia y en señal de protesta”.

López Velasco y González Márquez realizaron un recorrido por la zona acompañadas de la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social del Estado, la procuraduría auxiliar de la defensa del trabajo e inspección laboral municipal, en donde constataron las condiciones inhumanas en las que viven los jornaleros agrícolas, sin acceso a servicios médicos; falta de suministro de agua potable y de energía eléctrica en algunos cuartos, así como que se les cancelaron los servicios de guardería como de transporte al pueblo para realizar comprar al poblado.

Como resultado de la visita de las legisladoras y autoridades, de común acuerdo se firmó un compromiso de pago por el parte patronal representado por el ciudadano Max Ibarguen quien comprometió cumplir con los pagos correspondientes de los trabajadores.

“Es inaceptable que este grupo tan vulnerable de personas de 70, 80 incluso 90 años, tengan que realizar trabajos forzosos y no cuenten con una pensión y jubilación que por ley les corresponde y que han adquirido desde 1970”, expresó la diputada Hilcia Dayani González Márquez.

Por su parte la legisladora Eufrocina López resaltó que estos actos dejan ver el nivel de desesperación y la angustia de más de 200 familias que habitan en el Valle de Vizcaíno, al no contar con sus sueldos para solventar sus necesidades básicas.

“Se siguen suscitando casos de impunidad, en los que los patrones, cometen faltas, sin temor alguno. No debemos anteponer los excesivos privilegios y prerrogativas de los empresarios a la aplicación de la Ley Federal del Trabajo y la defensa de los trabajadores desprotegidos y en situación vulnerable”, sentenció en su turno.

Ambas legisladoras lamentaron que en la actualidad no se cumple con la Constitución General, la Ley Federal del Trabajo y otras leyes. Es una referencia clara las condiciones de explotación laboral muy precisas: jornadas de aproximadamente 60 horas semanales, ausencia de contrato laboral, situaciones de trabajo nocivas (exposición a agroquímicos, pesticidas, insolación), explotación infantil, acoso y abuso sexual a las mujeres, carencia de las prestaciones de ley, así como ausencia de seguridad social y de servicios médicos, entre otros.