El mandatario también mencionó que se está trabajando en la solvencia de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, por alrededor de 2 mil millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal del 2022, subrayando la transparencia de esta administración en comparación con anteriores.
La Paz, Baja California Sur.- El Gobernador de Baja California Sur (BCS), Víctor Manuel Castro Cosío, reveló que la auditoría realizada al Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE) durante el 2023, se encuentra en revisión por parte de la Función Pública, a través de la Auditoría Superior del Estado.
El titular del ejecutivo indicó que este procedimiento, tiene como objetivo tomar las medidas necesarias ante irregularidades administrativas detectadas durante la investigación; además, también hizo énfasis sobre en relación a las irregularidades encontradas, mismas que no implican, propiamente, desvíos de recursos, sino más bien deficiencias en los procedimientos ejecutados.
"Hubo ahí más de 20 millones de pesos que administrativamente, no es que se los hayan robado, pero sí hubo problemas en licitaciones y pagos indebidos" precisó Castro Cosío.
En este sentido, el mandatario estatal mencionó que están trabajando en la solvencia de observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, por un monto cercano a los 2 mil millones de pesos, correspondientes al ejercicio fiscal del 2022, y destacó que las citadas observaciones se refieren a problemas administrativos, los cuales espera sea aclarado pronto.
"No se habían hecho las auditorías, jamás se dio a conocer ninguna auditoría en 10 años, nosotros la hemos dado a conocer y no tenemos por qué evadir la responsabilidad de que si algo está administrativamente mal, se tiene que corregir" informó.
Finalmente, el gobernador recordó que durante su administración se ha impulsado la obra pública “licitada de manera transparente”, asegurando que no ha habido favoritismos en la asignación de contratos y que se han seguido los procedimientos adecuados para garantizar la participación equitativa de los constructores locales.