La Paz, Baja California Sur.- Posterior a la negativa expresada por el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, sobre el veto ejercido sobre la reforma de ley que contemplaba la adopción homoparental en el estado, este lunes confirmó que ejerció su facultad de vetar la reforma debido a diversas ambigüedades en el texto legislativo.

El mandatario afirmó que existían tres puntos específicos que generaban incertidumbre en la reforma a la iniciativa enviada a la oficina del ejecutivo para la publicación en el Boletín Oficial de Baja California Sur; la primera, dijo, requería una mayor clarificación antes de su promulgación, al considerar que no quedaban claros los roles y la identidad que asumirán los adoptantes ocuparían en el núcleo familiar.

“Hay algunas cuestiones que faltaban en el documento, por eso no lo publiqué, y decidimos vetarlo para que veamos que hay que aclarar. ¿Cuáles son las dudas que tenemos en términos del veto?, en primer lugar, no hay claridad en tres conceptos: primero es sobre el asunto de quién adopta, el padre, si son pareja diversa, quién es mamá y quién es papá; qué apellidos llevan; ¿cómo va a ser eso?. Tenemos que verlo. Todavía no entiendo esa idea, entonces, que el legislativo lo precise".

Otro punto de conflicto era la asignación de responsabilidades parentales, reiterando que el desconocimiento de “quien adoptara alguno de los roles”, motivo que, afirmó, no permite que el marco legal salvaguarde los derechos de los menores que son adoptados.

"¿Quién se hace responsable del niño?. Los dos sí, pero debe de haber padre y quién es la madre. Es sobre esto que le pedí al asesor jurídico de gobierno que se siente con los legisladores y se superen las diferencias para sacarlo y que no nos bote el día de mañana por veamos envueltos en una situación de controversia”.

Aunque Castro Cosío reiteró que realizará una revisión exhaustiva a la propuesta, haciendo especial énfasis en la importancia de garantizar el bienestar e integridad de las niñas, niños y adolescentes en procesos de adopción, afirmó que la decisión de vetar la reforma no tiene alguna finalidad electorera, tal como algunas organizaciones civiles habían denunciado luego que el trámite se hiciera público.