San José del Cabo, Baja California Sur. El Gobierno de Baja California Sur (BCS) ha incumplido durante casi tres años con la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, al no haber presentado un programa integral de prevención, atención y erradicación de violencia a las mujeres en la entidad.

Así lo expuso en reciente reunión con el Grupo Madrugadores de Cabo San Lucas, la diputada María Luisa Ojeda González, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la XVI Legislatura del Congreso de Baja California Sur.

"El programa debe tener políticas específicas y dirigidas a las incidencias que tenemos en el estado para prevenir, atender y sancionar, pero también para disminuir esas tendencias tan lamentables... Todas las personas como funcionarios públicos, juramentamos cumplir y hacer cumplir la ley, guardar el estado de derecho en beneficio a la ciudadanía, entonces estamos en incumplimiento", expresó Ojeda.

Tal como la legisladora lo comentó, la Ley de Acceso a las mujeres, para una Vida libre de violencia, estipula en el artículo 28 de la sección primera, que el el Poder Ejecutivo quien tiene la obligación de "Elaborar el proyecto de programa y presentarlo para su aprobación en los siguientes 60 días del sistema estatal".

Además debe presentar un informe anual del avance del programa y proveer recursos humanos y materiales para fortalecimiento del programa, entre otras especificaciones.

La diputada reconoció que el Gobierno Estatal impulsa desde el año anterior la campaña "Párale a la Violencia", sin embargo, con considera que esta iniciativa deba sustituir la obligación del ejecutivo de realizar el programa integral.

"Las estadísticas las vemos, vemos que van a la alza y no puede haber programas con acciones aisladas, esa es una campaña solamente y nosotros necesitamos políticas públicas que realmente vayan a la disminución de las incidencias, que haya capacitación, prevención para que se atiendan los focos rojos del estado... dentro de "Parale a la Violencia" lamentablemente vemos que aún las incidencias incrementan, si fuera política dirigida para atender habría una disminución"

Así mismo, Ojea López aseguró que el Programa integral sumaría a muchas otras problemáticas, al tener la atribución de medir y evaluar para conocer el verdadero impacto de temas como la impartición de justicia y el propio actuar de instancias gubernamentales que deben involucrarse en este trabajo a beneficio de las mujeres.