No es casual la preocupación de Víctor Castro Cosío porque cada una de las familias sudcalifornianas cuenten con una vivienda digna.

Lo legitiman los millares de viviendas que se han entregado durante su administración como gobernante.

Lo atestigua un hecho sin precedente como lo es la entregó de más de 400 títulos de propiedad en los cinco municipios del estado.

Y lo manifiestan sus acuerdos con el titular del Infonavit en Baja California Sur José Alberto Ceseña Cosío al suscribir compromisos para garantizar la certeza jurídica patrimonial, mayor acceso a una vivienda y agilidad en trámites en favor de las familias sudcalifornianas.

Ya lo dijo Castro Cosío en su momento: “es de suma importancia para nuestra administración analizar la situación actual en la entidad y constituir las bases de disposición y coordinación que aprueben que los derechohabientes dispongan con mayor facilidad de los créditos en materia de vivienda”.

De ahí pues la importancia que revisten instituciones de esta naturaleza y que fueron creadas para responder a la necesidad de los más desprotegidos.

Desde donde, por supuesto, no se puede ni se debe lucrar ni con la desgracia ni con la pobreza.

Lo digo por lo sucedido no hace mucho en el Instituto de Vivienda, desde donde lamentablemente aprovechando los cotos de poder, las arañas tejieron finito para construir toda una red de corrupción.

Una sucia red que según se cree, ya operaba desde hace mucho tiempo ante la mirada complaciente de propios y extraños.

Tan es así que su anterior titular de nombre Rosalva Cuadras López se hizo acreedora a una inhabilitación por 10 años en el servicio público, ya sea para gobiernos estatales o municipales por haberse pagado a sí misma 1, 700,000 pesos por concepto de liquidación al término del mandato de Carlos Mendoza Davis.

Sin embargo, en este caso las cosas fueron mas allá, toda vez que el Tribunal Administrativo impuso una multa millonaria por la misma cantidad de dinero con la que desfalcó al Instituto de Vivienda, motivo por el cual para garantía de pago le embargaron bienes inmuebles.

Sobre el particular, el gobernador dijo: “no vamos a parar, sea quien sea”

Enseguida opinó sobre la sentencia para recordar que la Procuraduría de Justicia de BCS también abrió una carpeta de investigación contra Rosalba Cuadras, que todavía está en proceso, y agregó que la diferencia es que la sanción del caso que lleva la Procuraduría de Justicia no será administrativa sino penal.

“Ahora vamos sobre la parte penal, no es la idea, pero tampoco podemos dejar impune, yo les dije a ustedes que vamos a hacer todo”, dijo y aseguró que no habrá distingos y que seguirán investigando a servidores públicos del gobierno pasado y del actual.

Por todo lo anterior se observa que la Fiscalía Anticorrupción de BCS aún tiene mucha tarea pendiente.

Por tanto, me atrevo a decir que Benjamín García Meza, como nuevo director del Instituto de la Vivienda a su llegada allí deberá andar con pies de plomo.

No es para menos cuando sabe que tiene en sus manos un gran paquete.

Luego entonces, a su arribo se ve obligado a limpiar la casa.

Porque cuando de antemano se advierten actos de corrupción, por aquello de la costumbre resulta mucho más difícil sanear sin caer en la tentación.

Y es que, esa institución no es una como otras.

Lo dice su lema publicitario: Los beneficiarios del programa Vivienda Digna son los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda que requieren mejorar sus condiciones habitacionales.

De ahí que quien se ostente como titular, debe llegar allí con suficiente moral y guardar principios de diversa índole.

Que pueden ser de sencilles, de humildad, y de comprensión.

Sin descartar nobleza, dignidad y sobre todo honestidad.

Todo ello se requiere para ocupar un puesto de esa naturaleza donde quienes acuden, lo hacen porque esperan desde respeto, comprensión y ayuda.

En síntesis, de ahora en adelante Benjamín García Meza, ciertamente tiene mucho que hacer para responder a la confianza depositada en él por el ejecutivo.

Pero mucho más para responderle a esas familias que carecen de lo elemental para vivir como lo es una vivienda.

Eso es lo que quiere el gobernador, respuestas concretas.

Porque ha expresado su compromiso de continuar trabajando para hacer realidad el sueño de muchas familias que por años anhelaron tener la certeza de su hogar y de contar con un documento legal que les garantice la propiedad de sus viviendas o terrenos.

Porque reitera reiteró su interés por avanzar en la regularización de la tenencia de la tierra.

Y Porque hace suyas las demandas de las familias sudcalifornianas.

Cuestión de tiempo.