La Paz, Baja California Sur.- El gobernador de Baja California Sur (BCS), Víctor Manuel Castro Cosío, condenó las acciones de intimidación perpetradas contra activistas previo a la reciente marcha conmemorativa por el 8M en la ciudad de La Paz.

En el marco de la realización de la Marcha por el 8M, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la activista feminista y periodista, Daniela Reyes, denunció en redes sociales que en su domicilio se presentó un grupo de elementos de seguridad pública estatal para buscarla por la manifestación que se realiza ese día, por lo cual, en caso de algún daño a su familia responsabilizaría al Gobierno del estado por cualquier situación que les ocurra.

"Ah, sí, malamente yo repruebo esa acción la repruebo públicamente ya se lo había dicho a ustedes. Yo no estoy de acuerdo en eso" indicó Castro Cosío.

El mandatario lamentó lo sucedido, enfatizando que dichas prácticas no concuerdan con los principios gubernamentales ni con la promoción de relaciones positivas con la comunidad; a pesar de no contar con la capacidad para aplicar sanciones directas, indicó que no permitirá que se ejerza cualquier tipo de violencia.

Asimismo, reveló que se han llevado a cabo investigaciones internas sobre el incidente y que prevé que en poco tiempo se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas apropiadas, y además reconoció que no puede imponer sanciones directas a los responsables.

"Se hizo la investigación, fui informado ese mismo día y reprobé el acto. No puedo sancionar a nadie, pero sí me parece que no es lo correcto porque al parecer fue desde el área de atención a víctimas o no sé, alguien del departamento de policía estatal, y ellos fueron a platicar con la familia para solicitar que no violentaran ni cosas así, según lo dicho. Fue una irresponsabilidad y no estoy de acuerdo, me va a perdonar quien sea, pero no es así” precisó el titular del ejecutivo..

Además, el gobernador abordó la polémica en torno al manejo de datos personales de activistas por parte de la administración estatal y confirmó la existencia de dicha información, al argumentar “que es una obligación de la autoridad recopilar estos datos” para garantizar la seguridad pública; sin embargo, aseguró que se protegerá la privacidad y los derechos de las personas involucradas.

"Claro, los tenemos, es una obligación prácticamente de la autoridad. No se estaría violentando porque nosotros así como ustedes hacen sus investigaciones nosotros hacemos las nuestras y estamos obligados, si nos atacaron un bien público que es tuyo, que es de toda tu comunidad".