La Paz, Baja California Sur.- El Gobernador de Baja California Sur (BCS), Víctor Manuel Castro Cosío, ejerció en fechas recientes, su facultad al veto total sobre el Decreto 3023, que buscaba reformar varios artículos del Código Civil de la entidad, específicamente aquellos relacionados con la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

El veto, declaró la diputada María Luisa Trejo Piñuelas, surge como la inconformidad de un procedimiento legislativo cuestionado por el ejecutivo, al afirmar que la comisión encargada de dictaminar dicha reforma no era la competente para hacerlo.

La funcionaria afirmó que el veto no representa un retroceso en la materia, sino “una oportunidad para revisar y mejorar el proceso legislativo”; sin embargo, aunque esta reforma tiene un peso e importancia social al permitir la adopción de menores por parte de parejas homoparentales en la región, ahora se tendrá analizar nuevamente y ser pronunciada por la titular de la comisión de Salud y la Familia.

"El veto es más que nada porque la comisión que lo dictaminó no era la indicada, más que nada, por eso es el veto, se tendría que mandar a las otras comisiones que sí son competentes son la de Salud y la Familia; niños y niñas y adolescentes; y creo que Equidad de Género".

En 2023, el debate sobre la adopción en parejas del mismo sexo generó el choque de los bloques de la comunidad LGBTTTIQ+ y del Frente Nacional por la Familia (FNF), quienes sustentaban el voto a favor y en contra, así como los beneficios y casos perjudiciales hacia los menores.

Fue en diciembre de ese mismo año que se aprobó la iniciativa que fue impulsada con el argumento de que, al negar el derecho a ser padre, madre y ser adoptado, incurriría en un acto discriminatorio contra las familias homoparentales y, de esta manera, vulneraría también sus libertades constitucionales.

"Se va a estudiar la iniciativa, la vamos a turnar [...] ahorita el veto es nada más por la comisión que la dictaminó, ya sería pasarlo a las comisiones".

Sin negar o confirmar si la iniciativa podría salir antes de que concluya el último periodo legislativo por el proceso electoral que se encuentra en puerta, quedará en manos de la comunidad LGBTTTIQ+, así como en los interesados en el trámite, para que ésta pueda ver la luz nuevamente y así, se garanticen sus derechos.