Una realidad que no se puede soslayar es la imposibilidad de controlar la vida y el comportamiento personal de nadie, cada individuo es responsable de sus actos, sobre todo cuando en ello va implícita la posibilidad de violentar la ley o de afectar a otras personas.

Tal es el caso de los integrantes de entidades gubernamentales y de empresas de todos los niveles y tamaños.

Por ello las expresiones del secretario general de gobierno, Saúl González Núñez, son adecuadas en torno a la detención de un empleado del gobierno estatal aprehendido por tener en su poder presuntamente sustancias tóxicas iulegales y ello no puede ser responsabilidad de la institución gubernamental.

En este caso, es obvio que el gobierno del estado no puede ser responsable de lo que haga o dejen de hacer sus, alrededor de tres mil empleados, por ello resulta absurdo insinuar que el mal comportamiento de un empleado, sea del nivel que sea, puede ser atribuible directamente de sus jefes.

De lo que sí es responsabilidad de quienes encabezan las instituciones, es precisamente de pugnar para que se aplique la ley a quienes la han violentado, no solo en temas que pueden catalogados como de índole penal, sino también de tipo administrativo.

Tal es el caso, por ejemplo, de las revisiones que se han hecho del manejo de los recursos públicos del Instituto Estatal de Vivienda, en donde según el propio gobernador Víctor Castro, en esa lógica de aplicar la ley, señaló que se espera que en breve se pueda fincar responsabilidad de acuerdo a la normatividad oficial a quienes presuntamente utilizaron indebidamente recursos públicos.

Por supuesto que es de suma importancia que en la administración pública se aplique con claridad y rigor lo que establece la ley, sobre todo en temas que podrían ser revisados por la fiscalía anticorrupción porque esto implica precisamente castigar el mal manejo de recursos que pertenecen a la ciudadanía.

Está claro que la población cada día exige más congruencia de sus gobernantes sobre todo a la hora de aplicar lo la ley a aquellos que recibieron la confianza de administra recursos económicos públicos de una determinada área de gobierno y se han aprovechado de ello para obtener beneficio personal.

Así que el hecho concreto de que un individuo, empleado o no de una institución pública de cualquier nivel, sea sorprendido en actividades ilegales, este estará sujeto a que se le procese judicialmente y su responsabilidad será personal.

Por supuesto, el mismo riesgo llevan funcionarios de cualquier nivel que se han atrevido a hacer mal uso de los recursos públicos que están bajo sus cargos administrativos. En ese sentido las autoridades gubernamentales, en este caso del gobierno del estado, están obligados a impulsar que la ley se aplique tal como ya lo han señalado tanto el mandatario estatal Víctor Castro y el secretario general de gobierno Saúl González, respectivamente.

De lo que suceda jurídicamente con los casos mencionados, seguramente será al rumbo que selle a lo que resta de la actual administración que se prepara para llegar apenas a la mitad de su camino sexenal.

Ya veremos que acontece al respecto.