• Durante la visita de 3 consejeros en la oficina alterna de la dependencia, manifestaron que presentarán una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por presunta falsificación de sellos en contra de la presidenta y el titular del órgano interno de control, de quienes “se desconoce el paradero”.
La Paz, Baja
California Sur.- Durante la tarde de este viernes, tres consejeros de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur llevaron a
cabo una intervención en la oficina alterna de la institución, ubicada en la
Escuela de Música del Estado, para hacer entrega de una solicitud de
información al titular del Órgano Interno de Control de la CEDH, Alberto Torres
Alfaro, quien no se encontraba en el lugar junto con la presidenta, Charlene
Ramos Hernández.
Al hacer entrega
de la citada documentación, advirtieron y decomisaron sellos presuntamente
apócrifos, “con los que se pueden realizar documentos posfechados”, advirtiendo
que los instrumentos oficiales se localizan al interior de la oficina de la
CEDH, misma que desde el pasado 8 de enero se encuentra cerrada por la huelga
que realizan ex trabajadores de la Comisión.
Por lo anterior,
el consejero Miguel Alejandro Maldonado Verdugo explicó que dichos sellos eran
resguardados entre los objetos personales de una trabajadora, mismos que
contaban con los logos y leyendas oficiales, aparentemente nuevos y que no
presentaban marcas de uso, lo que generó sospechas sobre su autenticidad
oficial.
“Tardaron para
recibirnos el oficio y al realizarlo, una compañera de la Comisión sacó de su
bolso personal un sello de recibido con el logo y leyenda 'Comisión Estatal de
los Derechos Humanos de Baja California Sur' nuevo, sin aparente señal de uso.
Como consejero, de manera pública le dije que se lo iba decomisar y que lo iba
a ir a entregar a la Fiscalía Anticorrupción por qué porque este sello puede
estar siendo usado de manera ilegal y arbitraria”.
Por lo anterior,
indicó Maldonado Verdugo, se realizó el retiro para presentar una denuncia en
contra de los servidores públicos anteriormente señalados ante la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) por la presunta "falsificación de
sellos, contraseñas o similares", registrada con el número de carpeta
LPZ/1157/2024/NUC.
Por su parte, el
consejero Enrique Arturo Mayorquín, declaró que la situación que se presenta
actualmente en la CEDH “va más allá de un problema laboral”, al destacar que
existen una serie de faltas administrativas y falta de claridad al
ejercer el
recurso de la dependencia, por lo cual exigió que se de seguimiento y respuesta
a las solicitudes que hasta el día de hoy no se han resuelto.
“Nos topamos con
un sello apócrifo, lo cual, nos preocupa, más allá del problema laboral, como
lo ha querido minimizar la presidenta, también hemos hecho una serie de
manifestaciones respecto a las faltas administrativas y las faltas al uso del
recurso de la Comisión unilateralmente […] al percatarnos de que existe este
sello nos da desconfianza que pudieran existir papeles con una supuesta
veracidad o bien, haciendo este tipo de prácticas que no son correctos”.
Por último, otra
integrante del consejo, María Elena Fong Amador, advirtió que hasta el día de
hoy “se desconoce el paradero de la presidenta y el titular del órgano interno
de control”, al afirmar que existe una ausencia de horarios para su regreso a
la sede alterna y continuar ejerciendo sus labores, por lo cual, sostuvo, se
realizará una investigación a fondo para detectar cualquier irregularidad.