La Paz, Baja California Sur.- La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN) por Baja California Sur (BCS), Sonia Murillo Manríquez, informó que la denuncia que la Fiscalía Estatal Anticorrupción presentó en su contra se encuentra estancada en el Congreso de la Unión, misma que se encargará de definir en el siguiente periodo el desafuero para la funcionaria.

En entrevista para Diario El Independiente, Murillo Manríquez expresó su desconcierto ante la falta de información oficial, por lo tanto, mencionó, no cuenta con una preparación o trámites que le permitan establecer una defensa para hacer frente al hecho.

"Supe que se notificó el Congreso de la Unión la solicitud de mi desafuero; sin embargo, eso se analiza al interior del Congreso de la Unión y aún no me han notificado ni en lo personal ni a mi grupo parlamentario por lo que todavía no tengo ninguna información ni conocimiento para poder yo defenderme de algo, ni siquiera me lo han notificado".

La diputada también señaló que durante su gestión como contralora estatal en el gobierno de Carlos Mendoza Davis, “se cumplió el compromiso al cien”, al sacar adelante la administración conforme los reglamentos del departamento.

Incluso, agregó, la Auditoría Superior, con quien trabajaban de cerca, revisó el área con profundidad sin que se presente alguna anomalía, alcanzando el 95% de los recursos analizados “y salimos adelante".

"Ya que conozca el motivo por el cual ellos están llevando a cabo la denuncia, claro que sí, buscaré los recursos legales para mi defensa. Tengo mis convicciones firmes de trabajar siempre de forma legal y de frente a la gente, y claro que sí, debo tener como solucionar cualquier situación a la que me esté afrontando".

La falta de avances en el Congreso respecto a la denuncia contra Sonia Murillo Manríquez deja interrogantes sobre el curso que tomará este caso y cómo impactará en la trayectoria política de la legisladora; además, tal como lo señaló el titular de la Fiscalía, Lenin Ortiz Amao, es necesario que el Congreso federal determine si quitará o no el fuero a los servidores públicos para continuar con la investigación correspondiente de las denuncias.