• Se anunció el otorgamiento de más de 12 millones de dólares para combatir el trabajo infantil y el trabajo forzado en México, así como promover los derechos de los trabajadores migrantes
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Estado de México. -
El Departamento del Trabajo de Estados Unidos anunció el otorgamiento
de más de 12 millones de dólares para combatir
el trabajo infantil y el trabajo forzado en México, así
como promover los derechos de los trabajadores migrantes.
Destacó
que dicho financiamiento se alinea con las obligaciones bajo el T-MEC y
los objetivos de la reforma laboral que entró en vigor en 2019 en México.
El
respaldo es por un total de 12.4 millones de dólares en subvenciones para tres
organizaciones dedicadas a atender estos fenómenos.
El
primero de ellos es por 4.4 millones para Verite, Inc. a fin de aumentar las
acciones lideradas localmente que aborden el trabajo infantil y
el trabajo forzado en los municipios de Chiapas y San Luis Potosí. Verite
tiene como objetivo que su proyecto aumente la capacidad y la colaboración
entre las partes interesadas (gobierno municipal, sector privado, trabajadores
y sociedad civil) para coordinar, diseñar e implementar iniciativas para
combatir estos problemas laborales.
El
Departamento también otorgó 5 millones de dólares a la Fundación Panamericana
para el Desarrollo para abordar el trabajo infantil,
el trabajo forzado y otras violaciones laborales, y para promover los
derechos de los trabajadores en el sector del trabajo doméstico en la
Ciudad de México y Querétaro. El proyecto proporcionará una gama de servicios
para promover los derechos laborales de los trabajadores domésticos, incluido
el desarrollo del liderazgo, la capacitación en habilidades, y el acceso a servicios
legales y sociales para niños y adultos.
Además,
se canalizaron 3 millones de dólares a la Organización Internacional
del Trabajo para promover la protección de los derechos laborales de
los migrantes, y apoyar los esfuerzos de la sociedad civil en nombre de los
trabajadores migrantes. Las actividades de subvención fortalecerán la capacidad
de la sociedad civil para proteger a los trabajadores migrantes, en particular
a los nacionales mexicanos que participan en programas de trabajadores
extranjeros temporales de Estados Unidos.
Apoyará
iniciativas de contratación justa, y mejorará el conocimiento de la sociedad
civil y de los trabajadores migrantes sobre los derechos laborales.