Estado de México. - El uso del software espía Pegasus que se ha utilizado en México contra periodistas y defensores de derechos humanos llegará por primera vez al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En su primera sesión del 2024, la ministra Presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández anunció que durante el actual periodo, el Pleno deberá resolver una impugnación presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para impugnar la declaratoria de seguridad nacional emitida por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para todos los expedientes del caso Pegasus.

“En relación con el alcance del derecho de acceso a la información pública, destaca un recurso de revisión en materia de seguridad nacional cuyo análisis permitirá determinar si resulta apegado a derecho la resolución del INAI, que mandata entregar una versión pública de “Los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y los avisos de quienes realizan actividades vulnerables relacionados con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus”, detalló la ministra Piña.

 El Pleno de la Corte también resolverá en el primer semestre del año, una acción de inconstitucionalidad presentada por una minoría legislativa en contra de la Ley de Hidrocarburos, así como diversas impugnaciones contra la desaparición de los fideicomisos, aunque todavía no existen fechas específicas ni tampoco se han hecho públicos los proyectos de resolución en ambos casos.

Con referencia a la Ley de Hidrocarburos, el Pleno de la Corte deberá resolver la constitucionalidad de diversas medidas como los requisitos establecidos en la norma para el otorgamiento de permisos para almacenamiento de hidrocarburos, la sustitución de la afirmativa ficta por la negativa ficta ante la falta de respuesta de la autoridad competente para el caso de autorizaciones y cesiones de permisos regulados y la atribución de la Secretaría de Energía para suspender los permisos expedidos en términos de la Ley de Hidrocarburos, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional.

Por lo que se refiere a la desaparición de fideicomisos, la Corte deberá analizar la validez del decreto que reformó múltiples leyes federales para eliminar decenas de fideicomisos que operaban sin estructura orgánica, pero que servían como canales para distribuir y etiquetar el gasto público en materias como ciencia, tecnología y cultura.

La ministra Piña explicó que los 11 ministros de la Suprema Corte deberán analizar si las reformas legislativas en materia de fideicomisos violaron el principio de progresividad y no regresividad en la distribución del gasto público y su relación con diversos derechos humanos.

Otros casos que se van a resolver son el conflicto territorial entre comunidades de Chiapas y Oaxaca por los límites de Los Chimalapas, el reconocimiento de la violencia vicaria en materia penal y las restricciones que impone el T-MEC en materia de derechos de autor.

“El análisis de otras acciones de inconstitucionalidad en las cuales se impugna la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal, con motivo de reformas que atienden a lo establecido al respecto en el T-MEC, permitirá fijar relevantes criterios sobre el alcance y la validez tanto de las medidas tecnológicas de protección de los derechos de autor y de los derechos conexos respectivos, como de los supuestos legales en los que las acciones de elusión o evasión de una medida de esa naturaleza no se considerarán una infracción a la legislación autoral”, concluyó la ministra Piña.