Ha iniciado el 2024 y saber que de acuerdo a información oficial otorgada nada menos que por la Secretaría de Educación Pública en la entidad, tan solo en los últimos seis años se han registrado más de 180 casos de acoso sexual, es mucho muy preocupante.

Y enterarnos que el Congreso del Estado con la anuencia del gobernador del estado Víctor Manuel Castro Cosío ha tomado con la seriedad y celeridad que el caso amerita la determinación de que se formulen leyes más firmes y rígidas para llevar hasta las últimas consecuencias los procesos para que enfrenten los cargos que se le imputan por una denuncia que se presente en contra de quien sea por una supuesta agresión sexual, nos da aliciente.

Y sobre todo nos hace creer que la impunidad no tiene cabida en esta legislatura ni en esta administración.

Hago aquí hoy, referencia a los casos de delitos sexuales donde tienen o tendrían que ver legisladores y o funcionarios.

Y agrego que es ciertamente la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) la instancia a quien le corresponde presentar las solicitudes de juicio de procedencia en donde se determinan los procesos de desafuero.

Y si tomamos en cuenta que el fuero, además de ser un nocivo sinónimo de privilegio, es un instrumento legal que confiere inmunidad procesal a determinados actores políticos, como es el caso que nos ocupa, para desprender de una persona ese privilegio por tanto, se deben seguir normas legales específicas.

En este caso, la Constitución establece que para que un funcionario pueda ser investigado, primero se le debe seguir un juicio de procedencia para quitarle el fuero constitucional y posteriormente se procede a realizar la indagación respectiva.

No obstante, repito, en los últimos años, este instrumento ha sido considerado un sinónimo de impunidad toda vez que da cuenta de abusos entre muchos, quienes se cubren tras las esferas de poder y si se quiere del compadrazgo y amiguismo.

Aquí podemos citar algunos de los más recientes: digamos el del senador con licencia Félix Salgado Macedonio que fue acusado de haber abusado sexualmente, en al menos tres ocasiones, de una mujer que trabajó para él durante 2016, cuando era director de un periódico en Acapulco, Guerrero, según revela una investigación del periódico Milenio.

La averiguación judicial la tiene nada menos que la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del distrito judicial de Tabares, Guerrero, el 28 de diciembre de 2016; no obstante, el expediente fue “enterrado”, afirma Milenio, a pesar de que la denuncia fue ratificada por la víctima el 2 de enero de 2017 para la cual presentó diversas fotografías de los golpes que recibió en dos ocasiones por parte de Salgado Macedonio, así como estudios de médicos particulares que confirmaron que había contraído una enfermedad por contacto sexual.

Otro es el del diputado federal Saúl huerta, quien es acusado del delito de abuso sexual y violación agravada, y que tiene en su contra otra denuncia por el delito de abuso sexual equiparado, agravado.

Y sin ir muy lejos, recordemos la acusación que, por abusador sexual pesa sobre el entonces diputado local por Morena, Esteban Ojeda Ramírez, y cuyo señalamiento fue hecho en abril de 2021 por la supervisora de zona de las secundarias técnicas en La Paz, Argentina Salomé Flores Soto, quien personalmente acudió a una sesión pública ordinaria del Congreso del Estado para señalar al entonces diputado de Morena, Esteban Ojeda Ramírez, como un abusador sexual.

Y qué bien que hoy por hoy, respecto a las agresiones sexuales cometidas por diputados, sean los propios legisladores quienes dejen en claro que en el Congreso del estado están obligado atender este tipo de solicitudes enviadas a esa instancia, porque eso habla de las buenas intenciones que ahí se tienen de hacer bien las cosas.

Es decir, y quiero entender que, todos, las y los diputados, apoyarán a todos y todas quienes se sientan agraviados por hechos de esta naturaleza para que los culpables enfrenten la justicia.

Y no es para menos cuando como en esta ocasión se trata de un asunto penoso y serio que sin duda marca un negro precedente en la historia legislativa de Baja California Sur.

Sin embargo pese al amargo trago, es plausible la determinación tanto de la Procuraduría General de Justicia del Estado, como del Congreso Estatal toda vez que como ya la dije en una entrega anterior, se debe atacar de frente esa nociva práctica del acoso sexual que, al menos en lo que respecta a nuestro estado se ha vuelto una sórdida costumbre entre senadores, diputados, alcaldes, rectores, maestros, prefectos, e inclusive sacerdotes.

Y se debe atacar de frente antes de que le cause problemas más graves a Víctor Castro Cosió como máximo responsable de lo que ocurre en el estado.

Y es que por un lado, los casos registrados por abuso sexual, sin tomar en cuenta los que no han sido denunciados, ya son muchos y merecen atención especial.

Esto por un lado.

Por el otro, reitero que el Código Penal de Baja California Sur es demasiado débil al respecto, y más bien su articulado está hecho para perdonar a los autores de estos desvíos y mofarse de las víctimas, tal y cual lo están haciendo en estos momentos.

En efecto, ya que es muy escueto en cuanto al delito de Acoso sexual, pues en su Artículo 183 solo dice. “Comete el delito de acoso sexual quien se exprese verbal o físicamente de manera degradante en relación a la sexualidad de otra persona, sin que exista subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar, dicha conducta será sancionada con una pena de seis meses a un año de prisión”.

Y aquí reafirmo la certeza de que en la medida de que las y los diputados elaboren las leyes al respecto, en esa misma medida se estarán eliminando las voces de inconformidad.

Cuestión de tiempo.