San José del Cabo, Baja California Sur. Daniela Reyes, activista feminista y acompañante de víctimas de violencia de género, dijo en entrevista para este medio que, contrario a las cifras dadas a conocer recientemente por la Procuraduría General de Justicia del Estado, hay feminicidios que no fueron registrados o clasificados como tal.

Recientemente, el Procurador de Baja California Sur (BCS) Daniel de la Rosa Anaya, dio a conocer que hubo una disminución de 67 por ciento en el delito de feminicidio con 2 casos en el 2023, en relación a los 6 casos registrados en el 2022.

 
Al respecto, Reyes comentó que el delito, "Numéricamente si bajó, pero a estas cifras oficiales se suman las cifras extraoficiales que nosotras tenemos, en el 2022 el monitoreo que hicimos tenemos al menos 7 feminicidios identificados y en 2023 hubo 2 feminicidios clasificados, pero también tuvimos el caso de una lesión con arma de fuego a una víctima que falleció en el hospital de haber sido recibida y un cuarto caso reciente que fue una de una mujer en situación de calle y fue encontrada en un lugar abandonado".

Agregó que la PGJE ha fallado en la clasificación y protocolos para identificar los casos de feminicidio, en los que no bastan los signos de violencia para que el caso sea registrado como tal.

"Eso ocasiona que no se alcance la justicia porque se desestima las primeras líneas de investigación que tienen que ver con género, eso asegura que no habrá un esclarecimiento de los hechos o una sentencia condenatoria justa. También vemos que el gobierno trata de minimizar y hasta ocultar, no informando o tardando mucho tiempo en dar a conocer los casos de mujeres sin vida y eso también propicia a una revictimización"

• Más de tres años sin justicia

Por otra parte, la activista aseveró que las autoridades han perdido la capacidad de dar resultados en tiempo forma, una situación que queda plasmada en por lo menos tres casos de feminicidios ocurridos en BCS, que fueron emblemáticos por la indignación de la población y pese la exigencia de una pronta justicia, no se han notado los resultados.

Se trata de los casos de Aolanis Sanchez, quien fue asesinada en el 2021 en Guerrero Negro, sin que hasta la fecha haya alguna persona vinculada a proceso; Ana Luisa, de quien se cumplen tres años de su feminicidio también sin una condena para el responsable y Daniela Lino, que a cuatro años de haber sido víctima de feminicidio, solo existe una persona vinculada a proceso, pero sin una sentencia.

En ese sentido, considera que el Gobierno del Estado, así como todas las autoridades responsables, deben garantizar la no repetición de cualquier tipo de violencia de género, con programas que no queden solo en discurso y un presupuesto adecuado para atender la demanda.