La Paz, Baja California Sur.- Desesperados por el incumplimiento en el pago que corresponde a las 5 semanas de trabajo ejercido, los trabajadores del parque Libramiento Norte, en el arroyo de El Piojillo organizaron un plantón en la vía pública, frente a la casa del director de la Administración Portuaria Integral (API) de Baja California Sur (BCS), Narciso Agúndez Gómez, a quien le exigen el monto total de atraso, al afirmar que “él es socio de la empresa encargada de la obra pública”.

En este aspecto, el señor Juan Manuel, que se manifestaba en el sitio, mencionó que en reiteradas ocasiones se les prometió solucionar el problema e incluso, advirtió, se establecieron y acordaron fechas en las que recibirían el depósito; sin embargo, indicó que tal acción no ha ocurrido, por ello, acudieron a la propiedad del servidor público “para que dé la cara por su empresa”.

“Estamos exigiendo lo que se nos debe que son 5 semanas de salario. Nos han traído mentiras de que hoy, mañana, y ‘hasta que se vendan las máquinas’. Acudimos al gobierno, fuimos a la conciliación, a la SEDATU, a la autoridad del trabajo y no ha habido ninguna solución. Aquí estamos, frente a la casa del que es dueño de la compañía. Pensamos que era otro, pero era el prestanombres. No nos vamos a mover hasta que se solucione nuestro problema”.

• Falta de solvencia económica

Por otro lado, Antonio Gómez, desesperado por la falta de solvencia, señaló que se le deben poco más de 22 mil pesos, que corresponden a las 5 semanas trabajadas, de las cuales debía percibir un salario de 4 mil 500 pesos semanales.

Afirmó que dicho problema lo obligó a salir a la calle a solicitar el apoyo de la ciudadanía, al encontrarse en una situación precaria para él y su familia, al no contar con alimento en el refrigerador, atrasarse en los pagos de agua y luz, así como los insumos básicos que sus seres queridos demandan.

“Este caso ha pasado unas tres o cuatro veces en el transcurso del período de trabajo que tenemos. Ahora sí llegaron a los extremos. No nos pagaron cinco semanas, ni aguinaldos, ni las prestaciones que tenemos se reflejan en nuestras cuentas. Nuestras familias están muy necesitadas y ocupamos dinero para medicinas, para alimentos, para pagar el agua, el recibo de la luz, para pagar todo. Ya no tenemos otra cosa que empeñar porque en todo ese tiempo, lo que teníamos ya se nos terminó”.

Pese a las quejas que presentaron ante Justicia Laboral, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento y la misma Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ninguna de ellas logra avances en los casos expuestos.

• Hay mensajes de amenazas

Por su parte, Raúl Hernández Martínez, secretario general del Barzón Popular en Baja California Sur, declaró a Diario El Independiente que en reiteradas ocasiones han recibido mensajes de amedrentándolos con el objetivo de “bajarle tres rayitas” a la defensa de los trabajadores; no obstante, sostuvo, no cederán ante las amenazas.

Incluso, afirmó que han dado seguimiento a los medios de comunicación que han informado sobre la presunta relación que Agúndez Gómez sostiene con la compañía constructora, en donde aseguran que éste es Comisariado, según lo que se muestra en el acta constitutiva.

“Estamos solicitando a la sociedad si nos puede apoyar con agua y cobijas Vamos a permanecer aquí el tiempo que sea necesario hasta que le resuelvan a los compañeros su pago. El gobernador se pronunció y deslindó al director de API […] Hemos recibido amenazas por parte de algunas personas con la advertencia de quitar a la gente, entonces, hacemos un atento llamado al Gobierno, a quien le aseguramos que vamos a responsabilizar a quien sea, si les pasa algo a los compañeros, porque aquí vamos a permanecer todo el día y parte de la noche si es necesario, hasta que se resuelva la situación”.

Mencionó que la representación sindical, encabezada por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) no ha resuelto nada ni presenta avances o informes sobre las denuncias, y “solo se enfocaron en juntar al personal afectado para levantar una denuncia colectiva”.

“Es lamentable que una obra de la Federación, de esa magnitud, no tenga la solvencia para pegar para pagarle la semana de los trabajadores”, expuso, al detallar que aparentemente la empresa no cuenta con una bolsa que les permita operar ante una emergencia.

• SEDATU “busca resolver” el problema

En el transcurso de la entrevista realizada a la planta trabajadora por este informativo, llegó una mujer identificada como Silvia Salazar, quien dijo ser la titular de SEDATU, sostuvo un acercamiento con los afectados para escucharlos y solicitarles que se trasladaran a las instalaciones del parque Libramiento Norte, con el objetivo de “firmar un convenio de pago entre el patrón y el trabajador”.

Ante tal planteamiento, se negaron a dejar el domicilio del director del API “para evitar que salga de su casa sin que exista un careo para abordar el problema de raíz”. La respuesta, al no favorecer a la servidora pública, a quien la ley la obliga a “pactar cualquier acuerdo en las instalaciones de la obra”, sostuvo que acudiría al predio del parque para revisar cuántos compañeros se encontraban allí y, en caso de ser necesario, volver al domicilio para solicitar que se incorporen en el terreno.

“Les recuerdo que SEDATU tiene presupuesto para hacer la obra y se le paga al contratista conforme se vayan liberando sus estimaciones; si ustedes han estado en otra obra saben que se hace el conteo, la estimación y se va liberando. Independientemente de eso, de que pasen las estimaciones, el contratista tiene la obligación patronal con ustedes. Yo no les voy a pagar porque no soy su patrón, pero a eso venía, a decirles que hoy se comunicó el representante porque SEDATU le pidió que llevaran a cabo los medios de financiamiento por otras vías; desconozco cuales son, pero es para que ellos pudieran llevar a cabo sus obligaciones como patrón