• La sentencia establece que, en situaciones donde el Estado no cumpla con el suministro adecuado del medicamento, deberá reembolsar al paciente los gastos incurridos en la adquisición por cuenta propia.
Estado de México. - La Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que el
Estado tiene la responsabilidad de asegurar el suministro oportuno de
medicamentos, garantizando así el derecho fundamental a la salud de los
ciudadanos.
Esta determinación derivó de un caso en el que un hospital del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) omitió entregar de manera adecuada un
medicamento a un paciente, quien, ante la urgencia, tuvo que adquirirlo por su
cuenta.
En la resolución, la SCJN subrayó que la vulneración al derecho a
la salud se materializa desde el momento en que el medicamento no es
suministrado de manera oportuna.
En casos de enfermedades que requieren medicación periódica, el Estado
debe actuar con diligencia, ya que de ello dependen la vida, la integridad
y la seguridad de las personas.
La sentencia establece que, en situaciones donde el Estado no cumpla con
el suministro adecuado del medicamento, deberá reembolsar al paciente los
gastos incurridos en la adquisición por cuenta propia. Esta medida busca
resarcir la vulneración al derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental.
La decisión de la Primera Sala enfatiza que el artículo 4º
constitucional reconoce el derecho a la protección de la salud como
un servicio básico que incluye la atención médica.
La Corte afirmó que las autoridades de salud tienen la obligación de
implementar acciones destinadas a medir y favorecer el derecho a la
salud, en cumplimiento con los principios establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta resolución destaca la importancia de garantizar el derecho humano a
la salud y refuerza la idea de que el Estado debe cumplir con un deber
concreto y constante de avanzar hacia la plena realización de este
derecho, conforme a los estándares jurídicos y la progresividad que exige la
Constitución.
La SCJN reiteró la necesidad de salvaguardar la salud de los ciudadanos
como prioridad fundamental.