• La Cámara de Diputados mantiene en suspenso la votación de la reforma que busca reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral.
Estado de México. - A escasos
días de que concluya el periodo ordinario de sesiones, la Cámara de
Diputados mantiene en suspenso la votación de la reforma que
busca reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral en México.
La diputada proponente, Susana Prieto,
dijo que la fecha tentativa para discutir esta reforma es este martes
12 de diciembre, aunque afirmó que no existe aún ningún acuerdo
firmado en la mesa.
La activista y legisladora del
oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
acusó a la fracción parlamentaria del derechista Partido Acción Nacional (PAN)
de estar en contra de la reducción laboral.
Sostuvo que, además, el presidente de
la Junta
de Coordinación Política (Jucopo), el también panista
Jorge Romero ha estado aplazando el dictamen antes de que pase a discusión del
pleno de la Cámara baja del Congreso mexicano.
“La continuación del proceso
legislativo es pasarlo a votación del pleno, eso es lo que está en el
aire, pero nadie jurídicamente ha dicho que no se va a votar en estas dos
sesiones últimas del martes y miércoles”,
sostuvo.
Y es que los legisladores mexicanos
tienen previsto concluir el periodo ordinario de
sesiones con la última sesión del miércoles.
Lo anterior, ha provocado que algunos
diputados, como el morenista y presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, hayan considerado
que la discusión de esta reforma podría aplazarse hasta el próximo periodo
ordinario que comienza en febrero de 2024.
Sin embargo, el legislador tampoco ha
descartado la posibilidad de solicitar a la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados un periodo
extraordinario para abordar la reducción de 48 a 40 horas laborales.
Prieto recordó que esta iniciativa
contó con el apoyo de la amplia mayoría de los grupos parlamentarios de Morena y
sus aliados Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (MPVEM), así
como por los opositores Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento
Ciudadano (MC).
Además, destacó que si bien hubo
otros 17
intentos de reducir la jornada laboral en el pasado sin
ningún éxito, esta es la primera vez que esta iniciativa avanza tanto en el
Congreso mexicano, pues también reconoció el poder del sector privado en el
país.
“17 veces se ha tratado de disminuir
la jornada laboral de los trabajadores en México y
siempre han ganado los empresarios”, dijo la activista y abogada laboral.
Sin embargo, Prieto confió
en que los trabajadores mexicanos demandarán que se vote y
apruebe esta reforma legal, pues dijo es en beneficio de 57 millones de trabajadores.
Recordó que el dictamen no
tiene nada nuevo que incorporar, como demanda la fracción del conservador PAN,
pues mencionó que la apertura e inclusión de lo que se discuta en ejercicios de
parlamentos abiertos es para que los legisladores voten de manera informada y
no tienen ninguna incidencia en el contenido de los cambios legales aprobados.
Incluso citó el acuerdo aprobado por
siete votos a favor en la Comisión de Puntos.
Constitucionales y
que indica que ‘no es procedente’ volver a discutir este tema y devolvió ‘en
sus términos’, sin cambios desde el 25 de abril de 2023, el dictamen para su
discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados.
Por su parte, los empresarios han
sostenido que “no es el momento” de aprobar esta reforma debido a los costos
que tendrían que absorber los empleadores, sobre todo los más pequeños, pues
han argumentado que
han acompañado diversos ajustes a sueldos y prestaciones que suponen también
aumentos a sus costos.
También el presidente Andrés Manuel
López Obrador ha comentado que es un tema que merece ser
discutido, mientras el magnate Carlos Slim sostuvo tras la inauguración
del Aeropuerto
Internacional de Tulum, en el sur de México, que los mexicanos
necesitan trabajar más para ganar más.
De aprobarse, la reforma tendrá que
pasar por el aval de los legisladores mexicanos en el Senado y
posteriormente recibir la aprobación de por lo menos 17 congresos locales en
las entidades mexicanas
para poder tener efectos constitucionales.