La Paz, Baja California Sur.- Tras recibir la noticia de que su hija se había suicidado, Irinea Buendía inició una lucha contra el sistema judicial de México hace 13 años y no sólo logró que se reabriera el caso, se reclasificara como feminicidio, se detuviera al responsable, sino también una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que todas las muertes violentas de mujeres y niñas sean investigadas con perspectiva de género.

Hoy, la activista y defensora de los derechos humanos, recorre el país para promover esta sentencia histórica, pues compartió que no se ha promovido en las entidades, en tanto se siguen invisibilizando y solapando los feminicidios en este país, sobre todo en las comunidades rurales, o donde están involucrados servidores públicos.

En su visita por Baja California Sur (BCS) ofreció una rueda de prensa convocada por el Congreso del estado, la cual fue encabezada por las diputadas Gabriela Cisneros y Teresita de Jesús Valentín Vázquez.  En este marco, subrayó que realiza una gira en el país para difundir esta sentencia, pero también para promover reformas a leyes locales para que se sancione a funcionarios públicos que no cumplan con esta disposición ya que están obligados a investigar con perspectiva de género, como feminicidios las muertes violentas de mujeres y niñas, ya que su incumplimiento contribuye a la impunidad. De hecho, este jueves, las diputadas arriba mencionadas, presentaron una iniciativa en este sentido.

La señora Buendía, comentó que el feminicida era un servidor público, y que por ello se le disfrazó de suicidio, por lo que emprendió en medio de su dolor, emprendió una lucha y entre amenazas, agresiones a su familia diversos y diversos recursos jurídicos, logró lo imposible, al grado que, al reabrirse el caso de la muerte violenta de su hija, se exhumó el cadáver y en sus uñas se encontró material genético del agresor, mismo que finalmente fue detenido y fue sentenciado a 70 años en prisión.

 “Sigo recorriendo los demás estados porque lo que nosotras lo que yo pretendo, es que realmente los efectos de la sentencia Mariana Lima Buendia sean aplicados, porque en muchos estados ni siquiera ni siquiera los conocen y que lo primero es investigar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres y niñas para poder acreditar que se trata de un feminicidio”, expresó

Alertó que los feminicidios son disfrazados como en el caso de su hija como suicidios o accidentes; que las autoridades siguen simulando, mientras que “la mano feminicida se sigue levantando para cortar proyectos de vida.

Recalcó que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la nación tiene que ser aplicada en las 32 fiscalías de los 32 estados de la República Mexicana, y se tiene que legislar para sancionar a servidores públicos corruptos que incurren en omisiones, negligencias, que obstruyen la investigación y la justicia.

La madre activista agregó que se deben de dar reformas, a fin de que se logre la reparación del daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas específicas para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación en perspectiva de género en la administración de Justicia.

Advirtió que, si no se logran estos cambios, los feminicidios seguirán a la alza, porque aunque no se quiere aceptar es un tema de emergencia nacional, pero desafortunadamente el sistema judicial del país, de las entidades, no tienen voluntad política para asumirlo.

“No dan las cifras reales porque no quieren alarmar a la población.  Yo ya lo viví, ya estoy en esos zapatos; vengo cargada de dolor, cargada de tristeza e impotencia y consternación, pero seguiré luchando contra la impunidad y la corrupción, para que no sigan invisibilizando la muerte de mujeres y niñas en el país", expresó.