Muy buenos días estimable Lector, gracias, muchas gracias por continuar prefiriendo este su Diario El Independiente.

Inicio esta columna comentando a Usted; “México demanda vivir bajo el imperio de la Ley”. Los mexicanos necesitan sentirse seguros no solo en sus familias y patrimonios, sino en su relación con los demás y con la autoridad, requieren una nueva cultura cívica de respeto a la Ley de certidumbre, de reconciliación y confianza en la comunidad en que vive. Una verdadera reforma en el ámbito de la justicia y la seguridad, la cual deberá partir de una voluntad política que asegure la autonomía de la procuración de justicia frene al poder ejecutivo y que acelere la modernización del poder judicial a todos los niveles, por ello se requieren nuevos enfoques y métodos para combatir la corrupción en todas las vertientes y elevar los niveles de transparencia en todo el País. 

Es una práctica común pensar que con la acción persecutoria se acaba el problema, las cosas, sin embargo, son mucho más complejas, y no solo es un asunto ético, histórico o cultural. Es urgente que el Estado garantice mayores mecanismos de competencia, rendición de cuentas y escrutinio público, podrán evitarse la corrupción, la apropiación privada de bienes públicos y la impunidad. Se trata, en suma, de hacer realidad la vieja aspiración del liberalismo mexicano: “Crear un País de Leyes”.

En este sentido; es urgente arraigar la idea y la practica en la cultura ciudadana y en las instituciones públicas, de que el único referente establece en una democracia es la igualdad de derechos y obligaciones ante la Ley. Si hay algo fundamental para el desarrollo de la vida comunitaria es la Ley, solo a partir de su plena vigencia, como expresión y salvaguarda de los intereses, es factible la existencia de la libertad y la justicia. 

Es imprescindible trabajar en los ámbitos internacional, regional y local, a favor de un orden judicial imparcial y justo que permita a las personas acceso a los órganos de justicia en condiciones mínimas de igualdad, y contribuya a la formación de una cultura de la legalidad y a la consolidación de un Estado Democrático de Derecho. Se debe de actuar urgentemente de forma más rápida con el fin de garantizar a todos los ciudadanos que somos una sociedad de Leyes, con procesos legales y administrativos transparentes, en la cual todos los ciudadanos se encuentren protegidos con instituciones modernas que den cabal respuesta a sus derechos fundamentales. Necesitamos un aparato judicial menos complejo, mas accesible a los ciudadanos y sobre todo, más eficiente y transparente.

Concluyo: Recordemos que el costo de la improvisación y de la ineficiencia en los cargos de importación de justicia, termina siendo pagado por la propia sociedad, la cual puede ver frustradas sus legítimas expectativas de progreso y bienestar.