• La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, advierte conflicto de interés de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Estado
de México. - La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia
Rivera Rivera, afirmó que sobre la eliminación de los 13 fideicomisos
del Poder Judicial, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación no pueden ser juez y parte.
En
entrevista, la senadora se refirió a la decisión del ministro Javier Laynez
Potisek para admitir dos acciones de inconstitucionalidad en contra de las
reformas que aprobó el Congreso de la Unión para eliminar dichos fideicomisos,
cuyos recursos ascienden a más de 15 mil millones de pesos que, de acuerdo con
el proyecto, se tienen que regresar a la Tesorería de la Federación.
De esta
manera, Laynez Potisek concedió la suspensión de las modificaciones, solicitada
por las senadoras, senadores, diputadas y diputados de la oposición.
A pregunta
expresa, Ana Lilia Rivera declaró que, conforme a la Constitución Política y el
marco legal, en este caso los ministros actúan pese a que tienen un
claro conflicto de interés.
No pueden
ser juez y parte; ya lo tomaron como costumbre, pero eso tiene que cambiar; por
eso es tan urgente impulsar una reforma profunda al Poder Judicial”, expresó la
presidenta de la Mesa Directiva.
Además,
Rivera Rivera aseguró que en el Senado de la República se cuidará el
procedimiento para elegir a la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, a fin de no dejar espacio para que se pueda impugnar esta
designación.
Lo que queremos
es no dejar ningún espacio de ilegalidad en el procedimiento”, para que ningún
grupo de la oposición pueda argumentar que no se cumplieron con las formas para
elegir a la próxima ministra de la Suprema Corte.
Sobre todo,
agregó, cuando el Poder Judicial “se está encargando de vigilar que los
procedimientos del Poder Legislativo cumplan con la norma. Entonces, lo que
nosotros queremos es no dejar dudas para que nadie pueda argumentar que no
cumplimos con las formalidades legales del procedimiento”.