La Paz, Baja California Sur.- La presidenta y apoderada de ejido La Purísima, Marely Higuera Arce, señaló que los ejidatarios podrían utilizar el nuevo recurso para la revocación de mandato en contra del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío por “atentar” en reiteradas ocasiones en contra del patrimonio de los titulares de los ejidos en la zona norte de Baja California Sur (BCS).

“No hemos contemplado la revocación de mandato como tal, pero todo lo que nos sirva de apoyo y que se pueda dar para lograr eso, la revocación, lo tomaremos en cuenta. Todos los tejidos estamos de acuerdo porque es un gobernador que en realidad no nos representa y yo creo que a ningún sector. Está mal el señor. Lo más conveniente para él es que ya se vaya a su casita a descansar”.

Indicó que la falta de empatía y las agresiones que reciben por parte del ejecutivo “los orillan” a realizar actos extraordinarios para ser escuchados; por tal motivo, dijo, mantendrán la lucha social que por varios años se ha mantenido activa.

Asimismo, respecto a las iniciativas que pretendían crear la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, y la Ley de Cambio Climático, las cuales, “pretenden permitirle al gobernador designar a consideración las Áreas Naturales Protegidas en el estado”.

Por lo anterior, afirmó que no permitirán que se atropelle ni atenten en contra del patrimonio que hoy tienen, al acusar que la administración en BCS, a través del Congreso del Estado, pretende obtener el poder y la facultad para despojar a las personas de sus tierras.

“Con mucha sorpresa ayer nos enteramos que se iba a subir al orden del día ese punto con la finalidad de aprobar esa ley donde los legisladores, y en específico esos legisladores que representan a esas comunidades de donde venimos, que es Loreto, que es Mulegé, porque tal parece que lejos de representarnos parece que el objetivo es otro, afectar a toda esa gente que en un momento le brindó su apoyo […] es terrible que le están queriendo dar esas facultades a un señor que enloqueció”.

Higuera Arce declaró que ante la amenaza de recibir un “madruguete”, sus representados acudirán al legislativo para asegurar que no se actúe en contra de los bienes de los afectados; además, agregó, buscarán los medios legales que les permitan frenar la designación como ANP sin una autorización consensuada por la población sudcaliforniana.