La Paz, Baja California Sur.- Este jueves, un grupo de ejidatarios se manifestaron en el Congreso de Baja California Sur (BCS) con el fin de exigir a los legisladores “que se pongan a trabajar” para detener el procedimiento de denominación de Áreas Naturales Protegidas (ANP), al cual consideran “un acto de imposición”.

Mediante entrevista con Diario El Independiente, el líder de los Pueblos, tradiciones y economía, Guillermo Trasviña Meza, indicó que la asignación de preservación de dichas zonas amenazan a la población local, limitando la posibilidad que los rancheros y las personas que viven del trabajo de la tierra obtengan ingresos.

Además, indicó, dicha denominación solo favorece a los intereses de particulares y de la población extranjera que se traslada a Baja California Sur y, posteriormente, construye sus propiedades o ranchos, considerando dicha acción como una traición.

“Estamos preocupados por lo que está sucediendo en Baja California Sur. El Área Natural Protegida es sinónimo de pérdida de la soberanía, y el problema aquí es que no han entendido ni han sabido proteger nuestra identidad. Las ANP en Baja California Sur son administradas por extranjero, por turistas y organizaciones privadas. Una vez que determinen el Plan de Manejo, estas áreas naturales pasan a ser privadas, por qué en Baja California Sur se maneja el único distintivo que le permite operar como ANP y se llama 'comanejo'”.

Trasviña Meza explicó a este matutino que el distintivo “Comanejo” es un acuerdo “que hace el privado con los gobiernos para administrar las Áreas Naturales Protegidas”, en donde al campesino, los pobladores y los rancheros pasan a ser “enemigos y delincuentes” de la Sierra y/o de la declaratoria de ANP, porque los obliga a cesar su actividad primaria en esas zonas.

• Está implicada Milena Quiroga

Por su parte, Guadalupe Antonio Castro Crespo, coordinador de unificación de Pueblos Originarios y Sector Primario en la entidad, también aseguraron que la presidenta municipal de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero se encuentra implicada, a quien señalan de ser permisiva con los procesos de adquisición de predios de grandes dimensiones a través del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y del Plan de Desarrollo Urbano (PDU), que busca crear los parámetros para el crecimiento de las zonas conurbadas.

“En El Triunfo llegaron con el cuento de que no van a crear las áreas protegidas, pero para que la gente tenga servicios públicos en esa zona, están casi obligando a la gente de que acepte la creación del desarrollo del Plan de Desarrollo Urbano […] el propio Gobierno y con la propia Ley nos viene a arrebatar nuestros derechos; la peor es la parte es que la gente que nosotros pusimos nos vienen a quitar los derechos que los propios sudcalifornianos tenemos”.

Finalmente, mencionaron que las dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), al igual que el Gobierno del estado y el Ayuntamiento de La Paz, no se han interesado en realizar un acercamiento para dialogar con los pobladores que están preocupados por los procesos que están realizando.

De continuar con este tipo de negativas, advirtieron que iniciarán una serie de procedimientos legales para declarar como “inconstitucional” a diversas dependencias en el estado, e incluso, afirmaron que podrían realizar una serie de manifestaciones sobre las principales calles y avenidas de la ciudad para, finalmente, ser escuchados “de una vez por todas”.