La Paz, Baja California Sur. - Como parte de las acciones que implementa el Gobierno del Estado para prevenir, atender, sancionar y erradicar el delito de trata de personas en Baja California Sur (BCS), se llevó a cabo la presentación de la metodología y aprobación del proyecto de fortalecimiento de capacidades de respuesta de autoridades ante la trata de personas en la entidad, informó la Comisionada estatal, María Isabel Cruz del Toro.

Señaló que dicha presentación, se desarrolló en el marco de la primera sesión extraordinaria de la Comisión Interinstitucional en materia de Trata de Personas, contando con la presencia de Daniela Gómez Romo, directora de Desarrollo de Programas de la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, en representación del Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial Contra la Trata de Personas de la SEGOB, Félix Santana Ángeles.

Apuntó que este encuentro se da, de igual manera, en cumplimiento a los acuerdos derivados de la segunda sesión ordinaria de la Comisión Interinstitucional, donde se estableció dar a conocer por parte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM ONU MIGRACIÓN), la metodología, la cual fue validada, por lo que se implementará la ruta de detección y canalización de quienes pudiesen ser víctimas de este delito en BCS.

Esta metodología consiste en proporcionar acompañamiento técnico a la Comisión, y a quienes integran la Comisión Interinstitucional, mediante asesorías para prevenir y combatir este delito, dar capacitaciones especializadas priorizando el fortalecimiento de la identificación de víctimas y canalización con enfoque diferenciado.

Así como desarrollar e implementar un programa de capacitación para las personas servidoras públicas bajo el formato de “Formador de Personas Formadoras”.

Cruz del Toro, recordó que este proyecto es financiado por la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de los Estados Unidos y busca proporcionar herramientas y conocimientos básicos, para que las áreas encargadas de atender este tipo de conductas, mejoren la capacidad de respuesta y atención, reiterando con ello, el compromiso de la actual administración pública estatal de garantizar el respeto de los derechos humanos de todas y todos, sobre todo, los relacionados con la libertad e integridad, finalizó.