La Paz, Baja California Sur.- El pleno de la XVI Legislatura aprobó incorporar a nivel de ley tres áreas administrativas de la Procuraduría General de Justicia del Estado(PGJE) que actualmente forman parte de su estructura y que se encuentran en operación y funcionamiento desde hace más de tres años, al ser creadas mediante acuerdos administrativos expedidos por el Procurador.

La iniciativa con proyecto de decreto suscrita por la Diputada Guadalupe Vázquez Jacinto y presentada el pasado martes 21 de febrero del año en curso, busca incorporar a nivel de ley tres áreas administrativas de la Procuraduría General de Justicia, reformando y adicionando diversas disposiciones de los capítulos: VI BIS “De la Dirección de Evaluación y Planeación”, XVI BIS “De la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Cometidos contra las Mujeres” y, XVII BIS “De la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Económica”, todos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur.

En ese tenor la iniciadora puntualizó que al establecerse en la Carta Magna un catálogo de delitos donde garantiza diversos bienes jurídicos tutelados por la ley penal, resulta necesario contar con un Ministerio Público Especializado en la materia y que sea éste quien intente las acciones de extinción de dominio, por lo que es necesario armonizar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Baja California Sur, con la finalidad de incluir la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Económica a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, asimismo derogar las fracciones XIX y XX relativo al artículo 28 y modificar la fracción XXVI del numeral 79 quinquies de la ley en comento.

Por lo antes expuesto, la comisión dictaminadora de Asuntos Fiscales y Administrativos dictaminó en sentido positivo, al considerar que las modificaciones de ley otorgarán mayor solidez jurídica a las áreas administrativas al incorporarlas dentro de la estructura orgánica prevista en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, así como establecer a nivel de ley lo relativo a sus catálogos de atribuciones.