• Reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y los Municipios de BCS, para que se otorgue un descanso a mujeres menstruantes.
La Paz, Baja California Sur.- En
el 2do. Parlamento de Mujeres realizado este jueves, las congresistas
exhortaron a las autoridades educativas para que creen un programa de
corresponsabilidad social en la conciliación de las responsabilidades de
cuidados y las actividades académicas en las instituciones de educación
superior, que apoye a quienes se encuentren embarazadas, cuidando a personas
menores, adultas mayores, con discapacidad, o personas dependientes para
garantizar su permanencia y conclusión de sus estudios.
Y es que, culturalmente las
mujeres asumen roles de cuidado en la familia con los integrantes que se
encuentren en condición de vulnerabilidad, como niños de 0 a 5 años, personas
adultas mayores, con discapacidad o enfermedades crónicas; tareas de cuidado
impuestas o autoimpuestas, por lo que proponen desarrollar tres acciones
afirmativas que consisten en dar difusión de los derechos de las mujeres en los
medios masivos de comunicación, generar espacios para el desarrollo de la
sororidad entre cuidadoras, construyendo redes de apoyo mutuo, el
establecimiento de un centro de asesoría legal para que las mujeres conozcan
sus derechos, cuando éstos se han vulnerado y cuáles son los mecanismos para su
defensa resaltando la prioridad del Estado para promover, proteger, respetar y
garantizar los derechos humanos de las mujeres, de conformidad con el marco
convencional suscrito por el país.
En sesión solemne, bajo la
presidencia de la diputada Karla Yesenia González Gavaraín, propusieron también
exhortar al Gobierno del Estado para que a través del Instituto de Vivienda se
garantice el derecho humano de acceso a una vivienda digna; a la Secretaría de
Trabajo, Desarrollo y Previsión Social así como al Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), para que se creen albergues
temporales para personas jornaleras agrícolas, para atender las necesidades
básicas de las personas que por alguna situación, sus empleadores les hayan
dejado en situación de abandono e indefensión.
Las parlamentarias, pidieron
que se elabore una iniciativa con proyecto de decreto para que las mujeres
puedan reclamar la pensión alimenticia, a pesar de que los hijos e hijas hayan
cumplido la mayoría de edad, así como poder reclamar un interés financiero
sobre el monto total adeudado en favor de la acreedora de la pensión, en razón
de los gastos y costos realizados durante todo el tiempo que duró la manutención,
con el fin de que tengan una justa indemnización y adecuado acceso a la
justicia, reconociendo la labor de cuidado de las madres.
Desde tribuna, donde
participaron las diputadas Évelin Lezlie Rodríguez León; Elva Celia Soto
Camacho y Luz Margarita Guevara López, en la relatoría que resumió las
conclusiones y acuerdos consensuados, solicitaron se reforme la Ley de los
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y los Municipios de Baja
California Sur, para que se otorgue un descanso a mujeres menstruantes que se
ven imposibilitadas para realizar su jornada laboral a causa de los malestares
físicos.
En estos tres días de intenso
trabajo y deliberaciones, los principales temas que presentaron hoy en tribuna,
versan sobre la necesidad imperante de salvaguardar el bienestar y derecho de
madres y familia que fueron víctimas de violencia de género y/o feminicidios;
cuidado de la primera infancia y preescolar, servicios que permiten a las
madres jefas de familia tener un trabajo remunerado fuera del hogar y
contribuyen al desarrollo integral infantil.
Las congresistas
sudcalifornianas, propusieron reformar el Código Civil del Estado en lo
referente al juicio de patria potestad que en los casos de violencia género o
feminicidio, donde los familiares de la persona violentada la custodia de la
niña, niño o adolescente; sea a través de un juicio sumario para evitar la
dilación a través de la interposición de recursos innecesarios.
Igualmente, la elaboración de
un “Protocolo de atención a casos de Discriminación y Violencia hacia las
Mujeres en la Administración Pública del Estado y Municipios de Baja California
Sur”, que articule los distintos instrumentos normativos en la materia y que
dicho protocolo sea formalizado por el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres
en atención a lo que le mandata la Ley del Instituto Sudcaliforniano de las
Mujeres.
Pidieron espacios seguros para
los hijos e hijas del personal de seguridad pública, sobre todo de las mujeres,
ya que es un grave problema para ellas el desarrollarse profesionalmente para
aspirar a puestos de mando, estudiar y capacitarse en las reformas o avances
que en materia de seguridad pública se han desarrollado.
Promover un foro anual llamado
“Mujer Política” el cual promueva la participación de mujeres, facilitando el
intercambio de experiencias y opiniones con respecto a inquietudes y
necesidades en relación al ejercicio de sus derechos y su participación dentro
de la toma de decisiones de su Entidad.
Por considerar de suma
importancia, propusieron impulsar talleres de liderazgo femenino y
empoderamiento político; reconocer a mujeres originarias de Baja California Sur
que se hayan destacado en diversos ramos utilizando sus nombres para el
nombramiento de nuevas plazas, parques, calles, escuelas o lugares de
recreación; crear convenios de colaboración con organismos gubernamentales de
la Entidad para que propicie la creación de convocatorias sobre vacantes
laborales en las que las mujeres puedan ocupar puestos de trabajo en sectores
profesionales; elaborar programas de orientación escolar con el objetivo de
promover una cultura cívica para la obtención de elecciones no sexistas e
identificar los diversos tipos de violencia política y las sanciones que estos
conllevan.
Fueron muy enfáticas al solicitar
promover y difundir los derechos humanos de las mujeres indígenas y
afromexicanas, con la participación de diversas instituciones de los tres
poderes del Estado, así como del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, y de
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que se elaboren programas y
acciones específicas, las cuales deben de contar con mecanismos de seguimiento
y presupuesto suficiente para su ejecución.
Reconocieron que los derechos
a la participación política de las mujeres se han legislado con importantes
avances como la “Paridad en Todo”, sin embargo, no es suficiente la paridad
cuando los puestos principales que tienen que ver con las decisiones más
importantes siguen restringidos a las mujeres.
Finalmente, señalaron que, al
interior de los partidos políticos, las mujeres continúan siendo relegadas y
uno de los obstáculos son las dinastías o grupos que se apropian de los
partidos y ellos deciden, y el nepotismo, que termina en conflicto de interés;
sigue siendo limitado el acceso a las mujeres que podrían participar para
llegar al poder y estar ahí donde se toman las decisiones, los partidos
políticos locales, están al margen del cumplimiento de la ley en cuanto a los
recursos destinados para la promoción del liderazgo político de las mujeres, y
se requiere establecer sanciones al respecto.