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Estado de México. - Más de 60 asociaciones y decenas de profesionales de la salud expresaron este domingo su rechazo a las reformas a la ley general de salud sobre el derecho a negar un acto médico que está por debatirse en el Senado mexicano en próximos días.

“Darle cabida a una iniciativa que tenía muchos meses ahí, hacerlo de la manera en la que se hizo sin una consulta, sin escuchar, sin tomar en cuenta, incluso habiendo otras iniciativas sobre objeción de conciencia, me parece, con toda franqueza, es un error”, dijo a EFE José Narro, exsecretario de salud federal.

El pasado 31 de octubre, con 304 votos a favor, 101 en contra y 13 abstenciones en lo general, los legisladores de la Cámara de Diputados le dieron aprobaron la reforma de la Ley General de Salud, específicamente el apartado donde se habla sobre la objeción de conciencia.

Con el proyecto se hacen modificaciones a los dictámenes con el objetivo de regular este derecho que tiene el personal médico al momento de solicitar este beneficio en caso de que se abstenga de llevar a cabo alguna práctica que vaya en contra de sus creencias religiosas, éticas o morales.

“Esa visión es atentatoria y peor si todavía se pretende ponerle una sanción de alguna naturaleza al profesional de salud. Quien tiene que responder es la institución, quien tiene que garantizar los recursos, las posibilidades para dar un servicio completo tiene que ser la institución de salud, no tiene que ser el profesional”, enfatizó Narro.

La objeción de conciencia para los profesionales de la salud es la negativa por motivos éticos, de conciencia o religiosos, a llevar a cabo determinadas prácticas médicas que son ordenadas o toleradas por la autoridad.

La objeción de conciencia surge también del conocimiento que el profesional de la salud ha adquirido gracias a su preparación académica y que sigue obteniendo con la suma de su experiencia cotidiana; lo que le permite considerar si alguna práctica fuese adecuada o no para su paciente, es decir, esta “conciencia” lo impulsa a buscar el bien del paciente en todo momento.

En casos como el uso del fentanilo para cuestiones médicas, los médicos pueden tener la libertad de usarlo o no, pero al no existir la objeción de conciencia, el médico no podría negarse a utilizarlo, lo que podría causar daño al paciente.

Criminalizar al personal

Para los inconformes, el dictamen aprobado por los diputados viola el derecho constitucional de la objeción de conciencia y busca criminalizar y sancionar a quienes hagan valer este derecho en las instituciones de salud, ya que contempla sanciones civiles, administrativas y hasta penales para los médicos y personal de enfermería.

“Se puede llegar a criminalizar, claro que sí. Yo sé que son asuntos sensibles, pues tratémoslos sensiblemente, no de manera insensible tratémoslo, con información abierta, con un análisis, escuchando a los profesionales de la salud, a las agrupaciones”, insistió Narro.

La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados por el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) permitiría elaborar un registro de objetores de conciencia, para tener identificados a quienes han manifestado su derecho a no participar en procedimientos médicos que vulneren sus convicciones personales.

Esto, a decir de Narro, sería “una grave” violación a los derechos de miles de médicos y personal de enfermería que correrían el riesgo de ser hostigados, amenazados, o podría ser un factor determinante para un despido.

“Estamos hablando de trabajadores de la salud que cumplen una tarea importantísima y que no pueden sentir o no pueden estar amenazados porque se les restringe el margen del ejercicio de sus libertades”, puntualizó Narro.

Ante este panorama, la comunidad médica hizo un llamado al Senado mexicano para que incluyan a los profesionales de salud en los proyectos de ley en esta materia, abriendo un espacio de parlamento abierto que propicie el diálogo y reflexión con todos los actores involucrados.