Estado de México. - ONU Mujeres no vio una “disminución sustantiva” de la violencia machista en México durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador al frente del Gobierno federal y lamentó la “gran desconfianza” de las mujeres con respecto al sistema judicial, en palabras de la representante de la organización en el país, Belén Sanz Luque, en una entrevista con EFE.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2021, el 70.1% de las mujeres de 15 años o más han vivido al menos una situación de violencia.

“En términos absolutos, no vemos una disminución sustantiva, es un fenómeno que lleva mucho tiempo para reducirse”, aseguró la representante de ONU Mujeres en México a las puertas del 25 de noviembre, cuando se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Aun así, reconoció una reducción de las violencias machistas “en algunos momentos históricos del año y de un año hacia otro”.

Estas declaraciones contrastan con el punto de vista de López Obrador, que afirmó en marzo que, desde su llegada al Ejecutivo en 2018, los feminicidios se habían reducido y, concretamente desde 2021, habían bajado un 35.7%.

Sanz, no obstante, afirmó llegar al 25N “con cierto optimismo”, pues valoró los “grandes esfuerzos” hechos por el Gobierno para “bajar al territorio” políticas de prevención y atención de la violencia machista, medidas donde ONU Mujeres pone el foco este año.

“Cada vez son más los estados que implementan protocolos para juzgar con perspectiva de género “, indicó.

También valoró positivamente que México sea “un país donde cada vez hay más mujeres en la toma de decisiones”, situándose como el cuarto a nivel mundial en “haber alcanzado la paridad de la política”.

“Gran desconfianza” de las mujeres hacia la Justicia

Por otra parte, Sanz lamentó que las mujeres “todavía enfrentan una gran desconfianza” hacia la Justicia, pues “en muchas ocasiones” carece de “formación en materia de género”.

Además, cargó contra la impunidad de que gozan los agresores de mujeres, “uno de los problemas más graves en el acceso a la justicia por parte de las mujeres” tanto en México como en toda América Latina.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2023, del total de delitos denunciados por mujeres y en el que se inició una investigación, en el 70% de los casos “no pasó nada”. 

El estudio también apunta que cerca de tres de cada 10 mujeres víctimas de un delito no llegan a denunciar por verlo “una pérdida de tiempo” y un 14%, por “desconfianza en la autoridad”.

“Ha habido muchos casos en los que las mujeres nos reportan que, ante un proceso de denuncia en las autoridades judiciales, se les pide que reconsideren la situación, que busquen conciliar con la pareja”, recalcó la representante a EFE.

En su opinión, el sistema judicial “está en deuda” en este ámbito y, aunque reconoció “avances”, se tiene que “acelerar el compromiso” y aplicar el Protocolo para juzgar con Perspectiva de Género, aprobado en 2013 y actualizado en 2019.

“Implica entender los motivos de género que puede haber detrás de un delito. No es lo mismo el asesinato que se comete hacia una mujer que el asesinato de un hombre”, sostuvo.

Sanz también puso deberes en materia de perspectiva de género a la nueva Presidencia de la República, que saldrá de las urnas el próximo 2 de junio, e identificó cuatro frentes a abordar.

“Uno de ellos es el desarrollo de sistemas de cuidados que permitan que el tiempo que dedican las mujeres a las tareas de cuidado se redistribuya con el tiempo que dedican los hombres”, observó.

Además, animó a “impulsar” y financiar las políticas de prevención, atención y sanción de la violencia machista, así como a “combatir la impunidad” de los agresores y la “enorme informalidad” de las mujeres en el mercado laboral.

Finalmente, Sanz se congratuló de que haya dos mujeres como candidatas a la Presidencia, algo que “viene de un trabajo histórico”, y opinó que “una democracia con mujeres es una democracia más amplia y representativa”, lo que supone una “enorme oportunidad para que se representen los derechos” de dicho colectivo.