La Paz, Baja California Sur.- Luego de que en redes sociales se diera a conocer el procedimiento procesal que la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur realiza en contra del ex alcalde de La Paz, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, el hoy diputado federal señaló que dicho trámite es ejercido por los grupos políticos de oposición en aras de la próxima contienda electoral de 2024, en la cual, aspira a ser candidato al Senado.

Calificó al acto como “un asunto que forma parte de una estrategia mayor en la que pretenden pegarles a varios miembros de nuestro Movimiento”, la cual, dijo, no favorece a nadie, en donde solo las personas que inician estos recursos son “los más perjudicados”.

Además, mencionó que la denuncia se inició por el presunto cambio de uso de suelo que en su administración se realizó, el cual, fue autorizado por los regidores y no únicamente por decisión personal, para cambiar o modificar los usos de suelo.

“Yo creo que tenemos que convocarnos a la unidad. Pretendieron iniciar un procedimiento de desafuero que es una verdadera torpeza jurídica. ¿Cuándo habráse visto que van a iniciarle un proceso a un legislador federal que cuenta con fuero federal, por haber promovido un cambio de suelo para atraer inversión y promover el desarrollo en el municipio de La Paz?. Sí que se tardaron un poquito, si lo tenían ahí guardado”.

Esta denuncia, expuso, sale al conocimiento público posterior a que se dieran a conocer una serie de encuestas “que encabeza” el legislador federal y que, de cumplirse ese escenario, se convertiría en el siguiente representante de BCS en el Senado de la República.

También aseguró que los delatores “harán el ridículo” al pretender levantar una denuncia, la cual, sostuvo, no tendrá una continuidad jurídica por la falta de viabilidad de la misma.

“Lo que me sorprendió es que la supuesta queja la inició el grupo de abogados del Frente en Defensa del Agua. Hay que recordar que con ese frente acordé que la Dirección de Desarrollo Urbano estuviera a cargo de uno de los suyos, que fue el arquitecto Pergué, que aparece en estos procesos. Yo estoy absolutamente cierto, que este asunto no tiene certeza. Ayer consultaba al equipo jurídico del Congreso de la Unión y decían que no parecía que fuera promovido por un abogado, porque cualquier abogado que revise la Constitución sabe cuáles son las facultades de un ayuntamiento y además sabe que a un legislador federal, este tipo de cosas, no son más que intenciones de dañarlo en un proceso electoral que apenas empieza”.

Presentan denuncia en contra de Rubén “N”

Por su parte, el representante del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (FRECIUDAV) en la entidad, Arturo Rubio Ruiz, señaló que el área jurídica de la organización aperturó una carpeta de investigación y durante la integración de la misma se presentó una denuncia en contra del ex alcalde y 3 regidores que encabezaban la comisión edilicia de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, durante el periodo 2018-2021.

En la citada denuncia, declaró el jurisconsulto, se integran las supuestas evidencias del dictamen del pasado 15 de enero de 2021, en el que se hizo el cambio de uso de suelo de un terreno con clave catastral 1-01-014-0165, mismo que “no podía ser urbanizable”, y que dos meses posteriores se concretó dicho cambio, sin que para ello se observara el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur.

El abogado comentó que la denuncia en contra del servidor público se presentó cuando éste se encontraba aún en funciones como alcalde, previo al otorgamiento de la autorización “ilegal” de cambio de uso de suelo para el terreno donde una desarrolladora pretendía iniciar la construcción de diversas propiedades tipo casa-habitación.

“Se violó el procedimiento para el otorgamiento de ese permiso para cambio de uso de suelo, y esa fue la base por la cual nosotros presentamos la denuncia, estando él todavía como presidente municipal; con el tiempo estuvimos trabajando, estuvo avanzando la denuncia e incorporó datos de prueba que encontraban en sus archivos, y con base en esto, el fiscal anticorrupción determinó ejercitar acción penal contra todos los que firmaron esa autorización ilegal”.

Para el procedimiento procesal, detalló, se presentaron los dictámenes y datos probatorios para sostener la denuncia, misma que “en un hecho histórico”, el Fiscal Anticorrupción en el estado acudió a Ciudad de México para solicitar al pleno del Congreso federal se inicie el trámite que permita a Rubén “N” rendir cuentas con la autoridad local.

“El fiscal anticorrupción tuvo que acudir ante el Congreso de la Unión a solicitar que le retiren esa inmunidad, a través de lo que se conoce como declaratoria de procedencia o desafuero”.

Hasta este momento, la compañía constructora continúa realizando la promoción de compra-venta de los terrenos que tienen a disposición; sin embargo, el defensor advirtió que, en caso de que se realice una adquisición por parte de la población paceña, deberán

acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para iniciar la recuperación de su inversión.

Tal motivo, refirió, se debe a que “el permiso que tienen es falso y tiene trascendencia jurídica”, lo que significa “que va a ser desechado” porque la posesión es un terreno rústico y sin servicios, lo que dista del ofrecimiento real