Si nos avocamos a realizar un análisis exhaustivo respecto a las obras de pavimentación ejecutadas hasta hoy por la actual administración estatal, caeríamos en la cuenta que no tienen parangón.

Y no es para menos cuando es el propio gobernador Víctor Castro Cosío, quien reafirma que la obra pública es un factor de desarrollo para el crecimiento de una sociedad, tanto en las ciudades como en los pueblos.

Aclara incluso que para lograr mejores objetivos se requiere de un trabajo de planeación que tome en cuenta las necesidades de modernización que tienen las familias y habitantes de cada uno de los rincones de la geografía estatal.

Más aun, dice que “la inversión pública en el rubro de obra e infraestructura se vuelve un eje de gobierno crucial para el reconocimiento y la confianza ciudadana, pues en muchas ocasiones representa en concreto y de la forma más visible, el reflejo del trabajo de un gobierno preocupado y ocupado por mejorar las vialidades y los espacios públicos que favorezcan el dinamismo de Baja California Sur, su economía y el cuidado de su entorno”.

Hay que afirmarlo, hoy por hoy, el compromiso del Gobernador Castro Cosío en el tema de obra pública, está rompiendo los paradigmas al llevar obras de pequeño, mediano y gran calado a distintos puntos del estado.

Para ello el trabajo de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha sido parte fundamental en la transformación del rostro de nuestro estado, no solo por la inyección de recursos públicos sino también por la atención a la gran demanda en materia de infraestructura que reclamaba el pueblo sudcaliforniano desde hace años, tanto en lo urbano, pero sobre todo con un nuevo rostro e impulso al desarrollo de las zonas rurales como nunca antes se había visto.

Mucho ha ayudado la sinergia y sincronía de los programas y recursos federales con los estatales, para lograr llevar al norte del estado obras de relevancia que dignifican la calidad de vida de quienes allá habitan.

Ha sido pues un compromiso del gobernante y quienes lo acompañan en el ejercicio de gobierno, enarbolar aquello de “nunca más un norte del estado en el olvido”, lo cual deja en claro la inversión directa de más de 210 Millones de pesos distribuidos en la modernización del camino Ramal a San Francisco de la Sierra, la modernización de la carretera Federal en el tramo Vizcaíno-Guerrero Negro, la salida norte de Santa Rosalía, así como la construcción de la Cancha de Usos Múltiples en Bahía Asunción, todo esto en el municipio de Mulegé.

Vale la crítica, la gente del norte, rancheros y pobladores, tras años de ser ignorados por gobiernos insensibles, anhelaba esta inversión de transformación, bajo una política bien aplicada de que, en BCS nadie debe quedar afuera, y nadie debe quedar atrás.

Para acabar pronto, el desarrollo de Baja California Sur se observa ya pujante y dinámico, acorde al crecimiento económico del estado de la república con mayor recuperación de empleos después de la pandemia.

Digamos que es una entidad líder en crecimiento que debe tener en paralelo un plan de urbanización e infraestructura que atienda a la ciudadanía en general.

Luego entonces, haciendo eco al llamado del ejecutivo estatal, la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo de Carolina Armenta Cervantes, acompañada de hombres y mujeres comprometidos con esta tarea de modernización, puso en marcha el Programa Estatal de Atención a Vialidades, con montos de inversión superiores a los 259 millones de pesos, lo que alcanza por mucho nuevos máximos históricos para atender la rehabilitación urgente de calles y avenidas en los cinco municipios del estado.

Y no solo eso sino la pavimentación y urbanización de nuevas zonas y áreas que fomentan una óptima movilidad y hasta un sano esparcimiento de las familias sudcalifornianas.

Por cierto, a manera de recuento, tan solo en 2022 se aplicaron 325 millones de pesos en infraestructura vial y obras públicas entre las que se encuentran 57 acciones de pavimentación, y para este 2023 se estima que se apliquen obras por más de 609 millones de pesos.

¿Pero qué es lo más importante de todo esto?

Simplemente que están recibiendo atención las cinco jurisdicciones municipales del estado.

En efecto, ya que en lo que fue la primera etapa se contempló el mejoramiento de 10 calles en La Paz, 15 en Los Cabos, 5 en Mulegé, 4 en Comondú y 4 más en Loreto.

Todo esto sin descuidar la realización del programa estatal de bacheo, con el objetivo de ampliar los beneficios a comunidades que por años presentaban rezagos que afectaban a la ciudadanía.

Pero las cosas no paran allí, ya que posteriormente dio inicio a la segunda etapa del programa de pavimentación, mediante el cual se reconstruyen otras tantas vialidades en ciudades y comunidades del estado.

Por tanto, también es fundamental destacar que los beneficios no solo se expandieron en las ciudades o cabeceras municipales sino que se extendieron a comunidades.

Ahí están los casos de La Rivera, Miraflores, Santiago y Punta Abreojos, entre otras.

En síntesis, con estas acciones, la actual administración estatal refrenda el compromiso con la ciudadanía de continuar trabajando hasta el último día para entregar buenas cuentas en materia de infraestructura física.

Cuestión de tiempo.