• La SCJN desechó la impugnación realizada por la Consejería Jurídica para que el ministro Laynez no revisara la impugnación de los senadores de oposición contra la extinción de los fideicomisos del PJF.
Estado de México. - La
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó
a impugnación realizada por la Consejería Jurídica de
la Presidencia de la República que buscaba que
el ministro Javier Laynez no revisara la impugnación de
los senadores de oposición contra la extinción de
los fideicomisos del Poder Judicial de la
Federación (PJF).
La Corte determinó que
el ministro Javier Laynez no se encuentra impedido para ser instructor de la
acción de inconstitucionalidad relacionada con la extinción de los fideicomisos
del Poder Judicial Federal, por lo que desechó el impedimiento presentado por
la Consejería Jurídica del Ejecutivo.
El máximo tribunal del
país señaló que los impedimentos son improcedentes cuando se trata de acciones
de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.
Añadió que el ministro
Javier Laynez Potisek señaló que no considera que esté afectada la objetividad de su actuación al
ser instructor de la demanda.
La Consejería Jurídica
interpuso la semana pasada un impedimento, en el que solicitó que Laynez
Potisek no revisara la acción de inconstitucionalidad, luego de que la Cámara
de Diputados aprobó la extinción de los fideicomisos.
En octubre, el Congreso
aprobó la iniciativa que elimina 13 de los 14 fideicomisos que cuenta el Poder
Judicial con más de 15 mil millones de pesos.
La Secretaría de Seguridad
Pública (SSPC) señaló a dos jueces de otorgar suspensiones provisionales a la
reforma que desaparece 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial.
El Subsecretario de
Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, acusó a Juan Fernando Luévano Ovalle
de conceder una suspensión provisional el pasado 30 de octubre, quien argumentó
que dicha reforma podría tener consecuencias jurídicas de difícil reparación para
los promoventes.
Por lo tanto, el
impartidor de justicia ordenó detener su aplicación legal y suspender la
entrega de los recursos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
A su vez, la jueza
novena de distrito en materia administrativa de la CDMX, Elizabeth Trejo Galán,
otorgó una segunda suspensión el pasado 7 de noviembre argumentando que se
podría afectar los derechos adquiridos por los trabajadores del Poder Judicial
de la Federación (PJF), lo que podría mermar la función jurisdiccional.
Sin embargo, Bucio acusó
a esta última de pertenecer a la asociación de jueces y magistrados que “hoy es
beneficiaria de esta suspensión provisional”.
Por lo tanto, sostuvo
que ambos jueces frenaron las reformas aprobadas en la Cámara de Diputados y en
el Senado de la República.
El pasado 26 de octubre,
senadores aprobaron la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder
Judicial, cuyos recursos ascienden a más de 15 mil millones de pesos y serán
enviados a la Tesorería de la Federación.
La SCJN y el CJF han
argumentado que la extinción de los fideicomisos repercute “en el cumplimiento
de diversas obligaciones patronales respecto a derechos laborales”.
Asimismo, señalan que
seis de ellos guardan recursos para pagar prestaciones obligatorias – por ley –
de sus trabajadores, incluidas pensión, apoyo para vivienda, cobertura de salud
y retiro.
En contraste, el
presidente López Obrador ha afirmado que la medida no afecta a los
trabajadores, sino que busca quitar privilegios.
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