La Paz, Baja California Sur.- Para que la Ley 3 de 3 en Baja California Sur (BCS) sea una realidad, es necesario crear los registros estatales de deudores alimentarios, deudores alimentarios morosos y violentadores, advirtió la diputada María Luisa Ojeda González, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.

Al presentar este jueves 26 de octubre una iniciativa de decreto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Asistencia Social y la Ley de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y La Ley Orgánica del Poder Legislativo, la legisladora precisó que es imperativo que las mujeres tengan la certeza que ningún violentador, agresor sexual o por violencia política en razón de género o deudor alimentario moroso, las represente en las próximas contiendas electorales.

“Aunque en nuestra constitución se incluya el impedimento para ocupar cargos de elección popular y cargos públicos por designación, no se ha creado un Registro Nacional ni local, de responsables de delitos sexuales, por lo que es indispensable que se realicen reformas dirigidas a su creación y algunas para la aplicación de las reformas llamadas 3 de 3, es decir para impedir que deudores alimentistas y personas agresoras sexuales ocupen cargos de elección popular o cargos en el servicio público por designación”, enfatizó.

Lo anterior, luego de participar en un foro con el Instituto Estatal Electoral, (IEE); el Instituto Nacional electoral (INE); y el Tribunal Electoral (TEE), donde se alertó que el primer obstáculo con el que se están presentando para la implementación de la 3 de 3 es que no hay un registro, por lo que es necesario la creación de un banco nacional y estatal de información sobre casos de violencia contra las mujeres.

“Será imposible que en diez días se emitan alrededor de mil constancias para quienes deseen acceder a los diferentes puestos de elección popular”, advirtió la representante del Partido de la Revolución Democrática.

Su propuesta, que fue asignada a las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, así como de la Salud, la Familia y la Asistencia Pública e Igualdad de Género, implica hacer adiciones a las fracciones III y IV al artículo 11; y se adicionan: al artículo 113 un tercer párrafo a la fracción XVII y una nueva fracción que será la XXXVIII, y se recorre el texto de la actual fracción XXXVIII para ser la XXXIX, ambos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así mismo propuso expedir mediante Acuerdo General la creación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios y el Registro Estatal de Responsables de Delitos contra la Libertad Sexual y el Normal Desarrollo psicosexual, así como sus correspondientes reglamentos para su funcionamiento en el que se establezca la forma de alimentación de la información, su, resguardo, actualización, así como los lineamientos para la expedición de constancias relacionadas con dichos registros.