La Paz, Baja California Sur. - Con el objetivo de fortalecer las políticas públicas que desde el Gobierno del Estado se implementan para garantizar el ejercicio y respeto de los derechos humanos, sobre todo, los relacionados con la integridad de las personas, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas (CPETPBCS) y el Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Baja California Sur (ICATEBCS), firmaron convenio de colaboración para promover la cultura de la prevención en este tema.

Así lo dio a conocer la comisionada estatal, María Isabel Cruz del Toro, quien reconoció el interés de la directora general de ICATEBCS, Cinthya Fátima Montufas Chávez, por sumarse a estas acciones, a través de la capacitación y difusión de información relacionada con este delito, entre los diferentes sectores de la sociedad y la población que asiste a ese Instituto, apuntó.

“Para la administración que encabeza Víctor Manuel Castro Cosío, el reforzar e impulsar programas y políticas que contribuyan a transformar el tejido social y contribuyan a mejorar la convivencia social es fundamental; por ello, trabajamos de la mano de las instituciones de los tres órdenes de gobierno para acercar a la ciudadanía información que les permita conocer los riesgos e implicaciones de la trata de personas, así como los mecanismos que hay para eliminar este tipo de conductas ilícitas”, enfatizó Cruz del Toro.

Señaló que esta firma tuvo como marco el inicio de las jornadas de asesorías, contando como testigos de honor al director de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Raúl Balmaceda Valdez y el subsecretario General de Gobierno, Alberto Rentería Santana.

En relación al convenio, indicó que, entre las principales tareas a realizar en el marco de este acuerdo, destacan: desarrollar conjuntamente, campañas y programas locales de educación, que permitan prevenir cualquier modalidad de trata de personas.

Coadyuvar en informar y capacitar al personal de organismos no gubernamentales y sector empresarial, respecto de la comisión de estos delitos y brindarle orientación al respecto, así como a las y los servidores públicos estatales y municipales con perspectiva de género, de derechos humanos, enfoque diferencial y de interseccionalidad e interés superior de la niñez.

También, se establece impulsar la participación y cooperación de organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y en general del sector social y privado, para prevenir este tipo de actos, así como mecanismos de protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos.